La OCDE propuso gravar y repartir las ganancias de las multinacionales
Según el foro que reúne a las economías más desarrolladas, si se aprueba el nuevo marco tributario global, deberían redistribuirse US$ 200.000 millones cada año entre los signatarios
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó un proyecto de acuerdo para repartir en forma más equitativa entre los Estados los ingresos fiscales procedentes de los beneficios que obtienen las grandes multinacionales, en especial las del sector digital, negociación estancada desde 2022 por la resistencia de las compañías y de los países que son sedes de las corporaciones.
Se trata del denominado Marco Inclusivo de la OCDE/G20, que busca reducir la erosión de la base imponible de las multinacionales mediante nueva convención multilateral destinada a actualizar el marco fiscal internacional para reasignar los derechos impositivos a las jurisdicciones de cada mercado.
Según el foro creado a principios de la década de 1960 y que en la actualidad agrupa a 34 países desarrollados, el proyecto marcaría “un paso adelante hacia la finalización de la solución de los problemas y desafíos fiscales que plantean la globalización y la digitalización de la economía”. Convenio multilateral que todavía debe vencer la reserva expresada sobre algunos puntos por integrantes de la OCDE, como India, Brasil y Colombia.
“Hay un muy amplio consenso sobre la arquitectura general entre los cerca de 140 estados que participan en las negociaciones”, declaró a la prensa Manal Corwin, directora del centro de la OCDE para la política fiscal y la administración, ocasión en la que ratificó que el objetivo del foro es alcanzar la firma de convenio antes de finales de este año.
Desde 2017, la OCDE, por encargo del G20, coordina las negociaciones internacionales para limitar las prácticas de evasión fiscal de las grandes multinacionales y poner en marcha un sistema de reparto más equitativo de los ingresos fiscales derivados de sus beneficios.
La convención multilateral publicada este miércoles prevé que una parte de esos ingresos se redistribuyan a los países donde están sus clientes, independientemente del Estado donde las multinacionales tengan su sede y paguen sus impuestos.
Actualmente, las empresas, especialmente los gigantes de internet, pueden optar por tributar en países con una baja presión, aunque sólo realicen allí una pequeña parte de su actividad, lo que alimenta la competencia fiscal entre Estados, que ha beneficiado a países como Irlanda, o incluso a sedes consideradas opacas, como Liechtenstein y Luxemburgo.
Según la OCDE, el proyecto, además, “garantiza la derogación de los impuestos a los servicios digitales” adoptados en muchas jurisdicciones nacionales y “previene su proliferación, establece mecanismos para evitar la doble imposición y fortalece la estabilidad y la seguridad jurídica dentro del sistema tributario internacional”.
Está previsto que la iniciativa se presente esta semana a los ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 en el marco de la reunión conjunta anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) que se desarrolla en Marruecos.
“El texto constituye la base para una implementación coordinada de esta reforma fundamental del sistema tributario global. Los países ahora tienen los medios para completar rápidamente los pasos necesarios para la firma y la ratificación. Estamos fortaleciendo nuestro apoyo a los países en desarrollo para que podamos lograr un sistema más eficiente y justo en la era digital”, evaluó Matías Corman, secretario General de la OCDE.
Estas nuevas reglas sólo se aplicarán a las multinacionales cuya facturación mundial supere los US$ 21.000 millones y con una rentabilidad superior al 10%, lo que afectaría a un centenar de empresas en el mundo.
Si se adopta el convenio, el impuesto adicional contemplado en el proyecto se distribuirá proporcionalmente entre los países en donde las empresas hayan facturado al menos un US$ 1,06 millones, o un piso de US$ 265.000 si se trata de países con un Producto Bruto Interno (PBI) inferior a los US$ 40.000 millones.
Según las estimaciones de la OCDE sobre datos de 2021, si se aprueba el proyecto, deberían redistribuirse un total de US$ 200.000 millones cada año, reforma que generaría entre US$ 17.000 y US$ 32.000 millones en ingresos fiscales adicionales. Sin embargo, para su entrada en vigor, la iniciativa requiere ser aprobada por un mínimo de 30 países donde se sitúan al menos 60% de las multinacionales afectadas, que también deben adherir a la convención propuesta.
Hasta el momento, el proyecto tiene el visto bueno de la mayor parte de los países de la Unión Europea (UE) y la gran duda es si Estados Unidos estará dispuesto a rubricarlo. Su presidente, Joe Biden, carece de la mayoría necesaria en el Congreso para ratificarlo y, además, el país alberga a casi la mitad de las multinacionales que quedarían alcanzadas por las nuevas reglas.
La iniciativa también incluye lo que se conoce como Segundo Pilar. En este caso se trata de un instrumento multilateral para Implementar la Regla de Responsabilidad Tributaria (RAI), ahora abierta a la firma, norma que “permite a los países en desarrollo recuperar derechos impositivos” cuando ciertos pagos intragrupo “están sujetos a tasas impositivas corporativas nominales inferiores al 9%”.
El Segundo Pilar, además, propone un modelo de reglas para la instauración por parte de las diferentes jurisdicciones en sus legislaciones internas de una tasa efectiva del 15% sobre las ganancias que obtienen las grandes multinacionales en los mercados nacionales en los que operan.
Según los expertos en cuestiones fiscales, la meta es responder a los desafíos de la digitalización de la economía, que en la práctica permite a las grandes corporaciones hacer negocios en diferentes países sin prácticamente disponer allí de presencia física y, desde el punto de vista legal, establecer sus sedes en jurisdicciones de conveniencia para pagar muy pocos impuestos y en algunos casos hasta ninguno. Como contrapartida, los países que se sumen deberán suprimir impuestos específicos, que han proliferado, sobre todo en Europa, como la conocida “tasa Google” en España.
(Con información de AFP y OCDE)
