La ONU extendió por dos años la misión que investiga la situación en Venezuela
El relevo se concretó en medio de las disputas que mantiene el país con Estados Unidos y Canadá por las reformas con las AMLO busca limitar la participación extranjera en el sector energético
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó este viernes en Ginebra extender por dos años más el trabajo de la Misión Internacional Independiente creada en 2019 para estudiarla situación en Venezuela, medida que fue respaldada por 19 países, mientras que 5 votaron en contra y 23 se abstuvieron, indicó organismo a través de su cuenta oficial de Twitter.
Entre los países latinoamericanos con voto en el Consejo, Brasil y Paraguay se expresaron a favor; mientras que la Argentina, México y Honduras se abstuvieron; al tiempo que Bolivia, Cuba y Venezuela votaron en contra.
La misión fue creada en septiembre de 2019 por un período de un año para evaluar presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas en Venezuela desde 2014, mandato que fue renovado en octubre de 2020 por dos años más, hasta septiembre de 2022, según recordó la agencia de noticias Sputnik.
En el último informe, de los tres que presentó, la misión concluyó que la inteligencia civil y militar de Venezuela “comete crímenes de lesa humanidad para reprimir la disidencia política”, a través de abusos dictados "desde el más alto nivel".
El texto sostiene que documentó 122 casos de víctimas que "fueron sometidas a tortura, violencia sexual u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), desde 2014 hasta la actualidad".
Además, destacó que los “actos de tortura” se llevaron a cabo para “extraer una supuesta confesión, obtener información, castigar, intimidar, humillar o coaccionar y en algunos casos para robar dinero u otros bienes”.
El Gobierno de Venezuela rechazó y calificó de "falsas y sin fundamento" esas acusaciones y argumentó que la misión busca atacar a las instituciones venezolanas, bajo el auspicio de Estados Unidos.
Tras la votación, el opositor Juan Guaidóevaluó que la decisión señala que "la comunidad internacional está del lado de los venezolanos y repudia cada una de las atrocidades cometidas por el régimen del presidente Nicolás Maduro"."Esta renovación es esperanza y justicia para las víctimas y para todo un país. Nuestro profundo agradecimiento", añadió.
Por su parte, los que países que se abstuvieron o votaron en contra de extender el mandato de la misión destacaron que su trabajo no responde a investigaciones realizadas en el terreno y en diálogo directo con los actores locales y apuntaron quelas conclusiones difieren sustancialmente de los informes sobre el mismo tema de la Oficina del Alto Comisionado, por lo cual difícilmente pueda contribuir en la práctica al mejoramiento de la situación de los derechos humanos.
En tanto, los firmantes del documento que extendió al mandato de la misión afirmaron que acogen con “satisfacción los informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Bolivariana de Venezuela” y expresaron “su preocupación por las continuas y graves violaciones, y abusos de los derechos humanos en Venezuela”.
Dentro de esas graves violaciones, enumeraron el “impacto desproporcionado en los derechos de las mujeres, los niños, los pueblos indígenas, las personas mayores y las personas con discapacidades”, y que “más de 6,8 millones de personas se han visto obligadas a abandonar el país” por la profunda crisis.
El texto, además, insta al gobierno venezolano a que aplique las recomendaciones contenidas en los recientes informes de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y expresa su preocupación por la “continua erosión del Estado de Derecho y la falta de transparencia en el proceso de designación de jueces y fiscales”; al tiempo que condena “la represión y la persecución generalizadas por motivos políticos, incluso mediante el uso excesivo de la fuerza, la detención arbitraria, la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
En otro ítem, el documento insta a Caracas a que “libere inmediatamente a todos los presos políticos y todas las demás personas privadas de libertad de forma ilegal o arbitraria”; y pide que la Oficina del Alto Comisionado y la Misión Internacional Independiente de Investigación cuenten con todos los recursos necesarios y con el apoyo administrativo, técnico y logístico para llevar a cabo sus respectivos mandatos.
