La pregunta que enojó a Toma sobre su vínculo con la contadora

En diálogo con El País, Toma se limitó a responder:  “Yo estoy sometido a una investigación administrativa y, por regla, no puedo hacer ningún tipo de manifestación. Así lo establece el decreto 500, porque incurro en una falta administrativa grave. Por eso voy a respetar el procedimiento. Confío plenamente en la Justicia administrativa, confío plenamente en el sistema de Justicia que hay en Uruguay y respeto extensamente las normas que aplican a cada caso. Por tanto, no voy a hacer ningún tipo declaración”, dijo.

Cuando se le preguntó si tenía un vínculo afectivo con la contadora, respondió: “Esa es una pregunta ofensiva. Realmente me ofende que me haga esa pregunta. Así que gracias, hasta luego”.

Toma realizó dos viajes a Roma por el juicio del Plan Cóndor junto a una contadora de la secretaría antilavado, que lo pusieron en la mira y desataron tres investigaciones simultáneas que buscan esclarecer si cometió una falta ética, un delito contra la administración pública y si puede ser sumariado, dado que hasta el 6 de agosto de 2022 es funcionario público y está al frente de la Fiscalía de Gobierno de 2° turno.

El subdirector de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), Ariel Sánchez, es el instructor de la investigación que anunció el presidente Luis Lacalle Pou, el pasado viernes. 

Sánchez tiene 60 días de plazo para trabajar en el proceso administrativo, y este lunes, en rueda de prensa, dijo que puede citar a "cualquier ciudadano" durante la indagatoria, incluso al expresidente Tabaré Vázquez.

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) investigó la presunta irregularidad, pero zanjó el tema el 9 de enero, cuando el entonces presidente del organismo, Ricardo Gil Iribarne, estaba de licencia. El resto de los integrantes de ese directorio, Daniel Borrelli y Matilde Rodríguez, archivaron el caso. Sin embargo, el 22 de ese mes, cuando Gil Iribarne tomó nota de la resolución, dejó de manifiesto en las actas: “Respetando la decisión adoptada en su ausencia, entiende que se debió solicitar a Presidencia de la República información no incluida en la respuesta recibida y requerir opinión de la Asesoría Letrada de la Junta”.

En los descargos que hizo Toma ante la Jutep, estableció que el equipo que viajó a Italia, y que tenía el rol de asumir "la defensa del Estado uruguayo ante la Justicia italiana", había estado integrado por un escribano que ofició "como técnico de contralor de toda la documentación que se aporta a las autoridades italianas" y por Pérez, quien se desempeñó "como Asesor en Daños Civiles, derivados de delitos penales".

Este miércoles, el presidente Luis Lacalle Pou, que ya había dicho que tenía “dudas legales, no morales” acerca del desempeño del funcionario, aseguró que si ocupara un cargo de confianza política ya lo habría destituido.

“Si fuera un funcionario de confianza, Toma no estaba más en el cargo. Es un funcionario público, por lo que para destituirlo, ya no solo se requiere la voluntad del Poder Ejecutivo”, expresó.