La Rendición de Cuentas se convirtió en un campo minado para el gobierno

Intendentes blancos analizan recurso de incostitucionalidad por topes salariales

La Rendición de Cuentas que el Frente Amplio pretende aprobar en el Parlamento se está pareciendo a un campo minado en el que las bombas acechan a aquellos mismos que las plantaron en el terreno.

Primero explotó la propuesta del recorte al presupuesto educativo, que requirió la intervención directa del presidente Tabaré Vázquez para que, finalmente, un grupo de diputados rebeldes aceptaran otorgarle los votos.

Luego, los dirigentes del oficialismo empezaron a enfrentarse en la defensa y en el ataque de la iniciativa que busca terminar con las exoneraciones de impuestos a aquellos empresarios que donen dinero a las universidades privadas. El proyecto todavía tiene un final incierto ya que fue aprobado en la Cámara de Diputados pero encuentra reticencias en los senadores astoristas.

Ahora, el gobierno se enfrenta al riesgo de que los intendentes del Partido Nacional interpongan un recurso de institucionalidad si el Parlamento aprueba el artículo de la Rendición de Cuentas que propone topear los sueldos de los empleados públicos y, entre ellos, el de las administraciones comunales.
. En contactos informales, varios intendentes blancos llegaron a la conclusión de que el proyecto no respeta las autonomías departamentales y, por tanto, no debería ser aprobado.

Es así que el intendente blanco de Treinta y Tres, Dardo Sánchez, dijo a El Observador que no pueden haber dos interpretaciones al respecto. "Esa propuesta es absolutamente inconstitucional porque lesiona la autonomía de los departamentos. Es claro que el sueldo del intendente lo fija la Junta Departamental y que los directores municipales cobran un porcentaje de ese salario. El Congreso de Intendentes deberá analizar el asunto para decidir si presentamos algún tipo de recurso", dijo Sánchez.

Además, el intendente blanco de Cerro Largo, Sergio Botana, también consideró que el gobierno "se expone" a un recurso de inconstitucionalidad. "Esa propuesta de los topes la hicieron nada más que para caretear", declaró Botana a El Observador.

Plata y autonomía

La propuesta del gobierno establece que ninguno de los jerarcas públicos podrá percibir salarios permanentes mayores al 60% de la retribución del Presidente de la República (unos $320 mil pesos).

Esta norma, que incluye a los funcionarios municipales, regirá, si es que prospera, para las contrataciones que se concreten a partir de la promulgación de la ley. Para su aprobación se necesita el voto de los dos tercios de cada Cámara, voluntades de las que el Frente Amplio carece. En la Cámara de Diputados, los blancos y el Partido Independiente se opusieron con los mismos argumentos utilizados por los jefes comunales.

Por eso, la iniciativa fue aprobada sin incluir a las intendencias. En el Senado, la propuesta del Poder Ejecutivo cuenta con el apoyo seguro del Frente Amplio, del Partido Colorado y de Daniel Bianchi (que responde a Edgardo Novick) y -en el caso de que se incluya un artículo que deje a salvo del tope el sueldo de los intendentes- el de Pablo Mieres (Partido Independiente)

Esa suma de 21 voluntades, alcanzan justas los dos tercios para aprobar el tope salarial previsto.
Pero aquí surge un nuevo problema para el oficialismo. Si a la Rendición de Cuentas se le introducen modificaciones en el Senado, luego debe ser refrendada en bloque por la Cámara de Diputados. De este modo, si el artículo de los topes cumple con la obligación de los dos tercios en la Cámara Alta, cuando vuelva a Diputados no se podrá desglosar y será aprobado, a lo sumo, con la mayoría simple que tiene el Frente Amplio.

Los intendentes nacionalistas están haciendo averiguaciones al respecto pero una primera lectura del asunto les dice que, si eso sucede, la propuesta debe quedar automáticamente anulada.
El subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, ha dicho que el artículo en cuestión "va en la línea de la eficiencia del gasto y de la prudencia y es una señal muy importante en el manejo de los costos del Estado".

Acerca del pasaje de esta propuesta por la Cámara de Diputados, Alfredo Asti (Frente Líber Seregni) dijo que el Partido Nacional se perdió la oportunidad de llevar a la práctica su discurso a favor de recortar la cantidad de cargos de confianza y los sueldos que perciben.

Pero los blancos sostienen que este asunto no tiene que ver con una cuestión de plata sino con la independencia de los departamentos. Botana precisó que su sueldo es un tercio del que cobra el presidente de la República y, por tanto, el tope no lo toca. Por el lado de Sánchez, él mismo se bajó el sueldo que la Junta Departamental había fijado en $150 mil pesos. Ahora cobra $112 mil pesos.

En la otra punta, el intendente de Maldonado, Enrique Antía (Partido Nacional) cobra unos $350 mil pesos en la mano, más que el propio Presidente de la República.