El presidente Luis Lacalle Pou rechazó la solicitud del exsecretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, para que se investigue si existió una filtración a la prensa dentro del Poder Ejecutivo al divulgarse detalles de la investigación por presuntas irregularidades en las misiones oficiales a Roma como parte del juicio por el Plan Cóndor.
Toma acusó a Lacalle Pou de prejuzgarlo, someterlo a un proceso sin garantías y aseguró que el gobierno había filtrado información a la prensa para perjudicarlo.
En una resolución firmada el 6 de enero, Lacalle Pou rechazó los comentarios de Toma y envió el escrito a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), con un señalamiento de que las consideraciones del exjerarca carecen del “más mínimo fundamento” y buscan desacreditar la imagen de la administración pública.
"El funcionario sumariado realiza afirmaciones falsas, acusando al Poder Ejecutivo de haber entregado el expediente de la investigación administrativa a la prensa, lo cual constituye para un funcionario de su jerarquía dependiente de dicho poder del Estado, una conducta impropia, indecorosa y de la más absoluta falta de ética", sostuvo un pasaje del texto, que lleva también la firma del ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira.
Lacalle Pou defendió la investigación administrativa que desembocó en el sumario y aseguró que el procedimiento estuvo ajustado a derecho.
Respecto a la información que fue divulgada en el proceso, Lacalle Pou señaló que en Uruguay la prensa es libre e independiente y realiza tareas de comunicación, investigación e información sobre la base de los principios democráticos y republicanos. "Nunca el Poder Ejecutivo envió los contenidos del expediente a los medios de comunicación, lo cual sería absolutamente contrario a derecho y a los principios de la ética pública", agregó.
En el sumario, el Poder Ejecutivo buscará determinar la responsabilidad de Toma en "eventuales faltas administrativas graves impropias de un funcionario público de su jerarquía".
Presidencia
El gobierno inició el 18 de setiembre una investigación administrativa por presuntas irregularidades en misiones oficiales que Toma llevó a cabo como secretario de la Presidencia, después que el programa Así nos va de Radio Carve divulgara información sobre los viajes del exjerarca acompañado de una contadora de la Secretaría Antilavado recién recibida, durante el juicio del Plan Cóndor. El Ejecutivo actuó puesto que Toma volvió al cargo de fiscal de Gobierno que había dejado en reserva mientras acompañó a Tabaré Vázquez en su administración.
En el escrito, Toma acusó al Ejecutivo de la comisión de "graves irregularidades" las cuales serían "enteramente atribuibles a funcionarios subordinados suyos". "Existió una permanente filtración de detalles de este expediente" y se trata de un procedimiento secreto "transmitido en vivo por los medios", cuya responsabilidad es del Poder Ejecutivo, aseguró. "Todo el contenido del expediente está diseminado en los medios de comunicación", sentenció.
Según la resolución firmada por Lacalle Pou, estas afirmaciones "deshonran" a la institución a la que Toma pertenece y son "falsas".
Toma había recurrido la decisión del Ejecutivo de iniciarle un sumario representado por el experto en Derecho Administrativo, Daniel Ochs.
