Las lágrimas de Dilma por informe sobre horrores de la dictadura
Brasil revela crímenes del pasado pero la presidenta no quiere “revancha”. Confirmaron 434 muertos o desaparecidos durante el gobierno dictatorial
Prisión o detención ilegal arbitraria, torturas, desaparición forzada, incluyendo el ocultamiento del cadáver, y la ejecución sumaria, arbitraria o extrajudicial y otras muertes imputadas al Estado fueron las formas más graves de violaciones a los derechos humanos perpetradas por la dictadura brasileña, que ayer volvieron a dominar la escena tras la entrega del informe final de una exhaustiva investigación.
Casi treinta años después del fin de la dictadura en Brasil (1964-1985), la Comisión de la Verdad de Brasil (CNV) confirmó 434 muertos o desaparecidos en un documento que recibió ayer una conmovida presidenta Dilma Rousseff, apresada y torturada durante el régimen.
“El tercer volumen de este informe describe la historia de cada uno de los 434 muertos y desaparecidos políticos “, dijo el coordinador de la comisión, Pedro de Abreu Dallari, durante la ceremonia de entrega en el palacio presidencial de Planalto.
Dallari aseguró que se escucharon más de 1.000 testimonios en dos años y siete meses de trabajo desde su creación, y elaboraron un informe de 4.400 páginas, tres décadas después del final de una época oscura.
Rousseff, que se emocionó hasta las lágrimas, dijo que “este informe contribuirá a que los fantasmas de un pasado muy doloroso y triste no se protejan en la sombra de la omisión”, pero aclaró que los resultados de las investigaciones “no deben ser motivo para odios o ajustes de cuentas”.
Asimismo, la mandataria hizo mención a quienes encarnaron la batalla en contra de la dictadura. “Respetamos y reverenciamos a todos quienes lucharon por la democracia”, dijo antes de asegurar que las nuevas generaciones y las familias de las víctimas merecían la verdad porque, sin ella, “continúan sufriendo como si sus familiares murieran de nuevo”.
En relación a los números, la CNV aclaró que los números revelados “no corresponden al total de muertos y desaparecidos”, dado que “son sólo los casos cuya comprobación fue posible en función del trabajo realizado y a pesar de los obstáculos en la investigación, en especial la falta de acceso a la documentación producida por las Fuerzas Armadas, oficialmente dada como destruida”.
Sin embargo, para la comisión quedó ampliamente demostrado que las “graves violaciones” de derechos humanos perpetradas durante 21 años fueron una “política de Estado”, rechazando la explicación de las Fuerzas Armadas de que fueron hechos aislados o excesos.
La comisión fue creada en 2011 por la propia Rousseff, una exguerrillera que estuvo presa y fue torturada por la dictadura y que también ha prestado su testimonio a este grupo de trabajo, al igual que sus colegas Luiz Inacio Lula da Silva y Fernando Henrique Cardoso, en calidad de víctimas de la dictadura.
El trabajo de la CNV fue destacado por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que pidió una divulgación “lo más extensa posible” de sus hallazgos y recomendaciones.
No a la amnistía
Pese a los resultados de la investigación, la ley de amnistía de 1979 (ratificada en 2010 por el Tribunal Supremo) protege a los militares brasileños que violaron los derechos humanos, por lo que Brasil no ha juzgado a los represores.
Sin embargo, la CNV consideró que la norma que amnistió a policías y militares es incompatible con el derecho brasileño y el orden jurídico internacional.
Esos delitos “constituyen crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles y no sujetos a amnistía”, dice el informe en sus recomendaciones. Hasta la fecha, en Brasil se reconocían extraoficialmente unos 400 muertos durante el régimen.
La CNV recordó que en América Latina hay significativa jurisprudencia respecto a la no aplicación de leyes de amnistía a crímenes de lesa humanidad y exhorta a las Fuerzas Armadas a pedir disculpas.
La comisión propone además que se prohiban celebraciones oficiales que conmemoren el golpe de Estado y que se incluyan temas sobre democracia y derechos humanos en el currículo de las academias militares y policiales.
Recomienda garantizar la atención médica y psicológica permanente de víctimas de violaciones de los derechos humanos.
Pide, finalmente, instalar en Brasilia un Museo de la Memoria, continuar con la localización de los desaparecidos y fortalecer la política de localización y apertura de archivos de la dictadura militar.
