Las leyes de fin de año

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Empresarios. La bancada de senadores del Frente Amplio analiza modificaciones al texto votado en Diputados para establecer la responsabilidad penal de los empresarios en caso de accidentes laborales. Si bien existe presión del sindicato de la construcción (Sunca) para dar un trámite rápido, las críticas de las cámaras empresariales y de juristas mantienen en alerta al oficialismo. El proyecto establece sanción para los empleadores –tres meses de prisión a dos años de penitenciaria– que pongan en “peligro grave y concreto” la vida de los trabajadores. Según advierten empresarios, la legislación en base al delito de peligro es uno de los puntos más discutidos.

Adictos. La discusión del proyecto que habilita la internación compulsiva de adictos fue pospuesta en el Senado por las diferencias que generó a la interna de la izquierda. El proyecto habilita a derivar a un servicio médico a personas que estén bajo el efecto de estupefacientes y presenten una “grave alteración psíquica”. También se prevé que las personas permanezcan internadas bajo tratamiento si un juez lo dispone. La iniciativa tiene reparos en la izquierda. Uno de las legisladores que se manifestó en contra fue Constanza Moreira (Espacio 609).

DENUNCIA PENAL

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SALUD

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MIGRACIÓN

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Información pública. La senadora Lucía Topolansky (Espacio 609) es una de las principales impulsoras de realizar modificaciones legislativas para reducir el alcance de la Ley de Acceso a la lnformación Pública, una normaa que habilita a los ciudadanos a solicitar datos sobre ministerios, entes y otros servicios públicos. Los cambios permitirían a los organismos catalogar la información como reservada en el momento que se recibe la solicitud de acceso. La modificación ya pretendió ser introducida durante la última Rendición de Cuentas, pero el Frente Amplio pospuso su discusión para tratarlo como un tema aparte.

Zonas francas. La Comisión de Hacienda del Senado estudia un proyecto para modificar el marco normativo de las zonas francas. El texto establece limitaciones temporales a las renovaciones de los contratos de las empresas que están radicadas en esos predios. Durante el último congreso del Frente Amplio, tanto el MPP como el Partido Comunista impulsaron líneas programáticas para limitar la acción de las zonas francas. En esa reunión, el astorismo puso un freno a ese impulso. Sin embargo, hay un compromiso para revisar su normativa. El texto tiene el rechazo de las empresas sujetas a esa modalidad.

Bancarización. El Ministerio de Economía y la bancada del Frente Amplio preparan modificaciones al proyecto de ley de bancarización, por el cual se obliga al pago de sueldos y jubilaciones mediante medios electrónicos. El texto elevado al Parlamento tuvo el rechazo de las cooperativas, quienes advierten que el proyecto beneficia a los bancos privados sobre sus instituciones, ya que les da preferencia en el orden de prelación en relación a la retención de salarios. Las cooperativas reclamaron ser las primeras en recibir el dinero de las retenciones.

Ocupas. El diputado Alfredo Asti (Frente Líber Seregni) impulsa un proyecto de ley por el cual el Estado puede apropiarse de aquellos inmuebles que estén en situación de abandono por cinco años y que, por esa situación, afecten a terceros. Si bien el texto fue presentado hace seis meses, todavía no tiene fecha para ser tratado en el Plenario de Diputados. Solo en Montevideo, hay 500 inmuebles abandonados, de los cuales 250 están ocupados, y hay alrededor de 90 edificios con obras detenidas.

Turismo. El Ministerio de Turismo pretende que antes de fin de año obtenga media sanción el proyecto de ley que establece un marco general para regular la actividad turística. El texto crea un Consejo Nacional de Turismo, donde habrá integrantes del Poder Ejecutivo y del sector privado para coordinar actividades. Además, establece la creación de centros para que los usuarios reclamen ante el Estado cuando un prestador incumple con servicios contratados. El texto será votado a fin de mes en sesión extraordinaria.

Extranjerización. El proyecto prohíbe la compra de tierras a empresas extranjeras en las que participen otros estados. Aunque la bancada oficialista lo definió como prioridad y pretende votarlo antes de fin de año, su análisis se atrasó, ya que el texto fue remitido por el Ejecutivo hace dos semanas. “Algunos estados participan por medio de empresas y fondos en inversiones destinadas a la producción agropecuaria con el propósito de dar seguridad alimentaria a las poblaciones de sus países”, señala la exposición de motivos.

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