Para el presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Luis Gallo, la ley de reproducción asistida a la que Diputados le dio media sanción en octubre es sencillamente “impracticable” por los costos que supone. “Saldrá una ley, vendrá al Ministerio de Salud Pública (MSP) para reglamentar, y dormirá en un cajón”, advirtió a El Observador.
El proyecto de ley aprobado en la Cámara de Representantes prevé que la reglamentación de la ley “deberá determinar en qué nivel y condiciones el Estado subsidiará tanto los estudios como el tratamiento y demás procedimientos”.
Aunque se dispone que los rubros para financiar las técnicas de reproducción asistida de los uruguayos saldrán de las arcas públicas, y que el nuevo servicio pasará a constituir una prestación obligatoria del Plan Integral de Asistencia en Salud (PIAS) que deben brindar las mutualistas, el ministro Jorge Venegas no fue consultado antes de la votación.
“Estamos absolutamente de acuerdo con el espíritu de la ley. Nadie puede negarse a esto. Ahora, el país tiene posibilidades. Tiene límites que son finitos. Entonces, si se hubieran hecho las cosas correctamente, se debería haber consultado al ministerio sobre la intencionalidad de aprobar una ley de estas características y que se calcularan los costos”, consideró Gallo. El jerarca agregó que la norma habría ameritado un “trabajo conjunto” entre la división Economía de la Salud del MSP y el Ministerio de Economía para analizar su viabilidad.
“Yo no le encuentro sentido a que salga una ley y después no haya posibilidad de financiamiento. O que para contemplar a los pacientes que están entre esos beneficiarios, debas sacar (dinero) de otro lado y se perjudique a un montón de personas más”, señaló. En Uruguay unas 6.000 parejas tienen dificultades para concebir. Los costos de las técnicas de reproducción asistida van de los US$ 600 en el caso de una inseminación artificial normal, a los US$ 12 mil para una fecundación in vitro con especificidades.
Un artículo de El Observatorio de Salud que publica El Observador informó que dado el déficit del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), “difícilmente puedan financiarse nuevas técnicas con recursos genuinos del Fonasa” (ver apunte). Sostiene que la incorporación de nuevas prestaciones debería surgir “del estudio de su potencial impacto en la salud de la población y la sostenibilidad financiera del sistema”, y que el hecho de haberse votado esta ley sin ese análisis “configura una situación incierta respecto a los criterios y mecanismos por los que se incluyen nuevas prestaciones”.
Gallo está de acuerdo. En ese sentido, consideró que la aprobación de esta norma es una muestra “evidente” de una “falla en la comunicación e “interrelación” entre los distintos poderes del Estado.
Crítica a diputados del FA
El proyecto del ley fue presentado por el diputado de Aire Fresco Luis Lacalle Pou y aprobado por todos los partidos en forma unánime.
Para Gallo el error no fue de Lacalle Pou sino de los diputados de su partido (el Frente Amplio) que “no tuvieron la responsabilidad” de consultar al ministro de su propio partido y asesorarse al respecto de los planes y posibilidades del MSP. “Es algo elemental”, criticó.
