Entre el 16 de abril y el 29 de julio de 2025 pasaron apenas 104 días. Pero para los cerca de 16.000 ciudadanos legales que tiene Uruguay fue un subibaja de emociones que —dicho por algunos de los involucrados— pareció una eternidad. El país primero cambió los pasaportes y les reconoció la ciudadanía uruguaya en el campo de nacionalidad. Luego tres países presentaron reparos, hubo un aumento de la xenofobia, hubo pedidos de informes, declaraciones, más declaraciones y la marcha atrás del gobierno.
Desde entonces, desde aquel final de julio, los cambios de pasaportes son un tabú. Pero El Observador logró confirmar con fuentes de Cancillería que 191 países ya dieron el visto bueno a los documentos —incluso los modificados—, a veces acompañado de otro documento que demuestre el lugar de nacimiento (que por entonces no era obligatorio según la Organización de Aviación Civil Internacional y ahora se “recomienda” se incluya).
Como Uruguay mantiene relaciones de cooperación fluidas con Francia, enviará un estudio técnico explicando por qué en Uruguay alguien que se haga ciudadano (lo que no es un trámite sencillo y requiere de varios años en el país) no accede a la nacionalidad ni la naturalización.
¿Qué quiere decir? La respuesta de Francia va al fondo del problema. Aunque se haya pensado que el cuestionamiento venía por la quita del campo lugar de nacimiento —que fuentes de Cancillería aclararon que se volverá a incluir de emitirse nuevos pasaportes— el punto es que se arrastra un problema constitucional.
Es probable que la crítica a la Constitución genere algún “enojo” en los juristas más ortodoxos. Pero el propio Jaime Sapolinski, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de la República es enfático: la norma dice algo con lo que, más de un siglo después, la sociedad puede discrepar. “Pero la única vía para modificar eso es cambiando la Constitución, y por ende yendo a un plebiscito”.
A diferencia de la mayoría de países, en Uruguay la obtención de la ciudadanía no equivale a recibir la nacionalidad. Tampoco hay maneras de naturalizarse uruguayo si no se nace en el territorio, o se nace afuera siendo hijo o nieto de nacidos en Uruguay. Y por eso los ciudadanos legales quedan en un limbo para algunos documentos, incluyendo los pasaportes (como la historia de Aman y Gulnor que narró El Observador). Tanto es así que fuera del territorio, un ciudadano legal podría no ser considerado uruguayo por más que haya vivido desde que tenía una semana de vida, haya jurado la bandera, se erice con el himno, pague los impuestos, vote, se sepa la selección de Marcelo Bielsa de memoria y prefiera el faina de orillo.
Sapolinski es hijo de ciudadanos legales. Sabe de los derechos cívicos y de integración que se les da, como le aconteció a Enrique Iglesias o Antonio Mercader que teniendo ese status legal fueron ministros. Pero también entiende la posible “injusticia” que algunos perciben, e intenta decirlo en criollo: “la Constitución es clara y no puede ajustarse a lo que a cada uno le dijera que no dice”.
Justino Jiménez de Aréchaga lo dejó en claro en 1955: solo son uruguayos (nacionalidad) los nacidos en el territorio nacional.
Lo curioso es que unos años antes, el mismo jurista había tenido una postura un poco distinta al interpretar que también lo son los hijos de nacidos en territorio uruguayo.
No todos los ciudadanos naturales son necesariamente uruguayos bajo esa lectura, pero amplía el margen.
El constitucionalista Ruben Correa Freitas coincide con Sapokinski en que en esa mirada más clásica solo cabe solucionar el problema con una reforma constitucional y para eso “es necesaria la voluntad política del gobierno, que es mano, y el acuerdo con la oposición”.
Pero así como en 1984, Correa Freitas empieza a “flexibilizar” la postura constitucional ortodoxa, en 2013 fue citado por el entonces canciller Luis Almagro para qué hacer con los nietos de uruguayos, algunos de los cuales retornaban al país. El catedrático había justificado en 1993 sobre qué hacer con los nietos y ese fue el paso que se siguió por la ley aprobada el último día de diciembre de 2015.
La Institución Nacional de Derechos Humanos entiende que otras vías para las reformas que van más allá de un plebiscito. Puede haber una ley interpretativa a la Constitución o también puede haber una ley de naturalización (como tienen otros países en que, mediante algunos requisitos, se naturaliza).
Correa Freitas dice que en esas opciones hay que estudiar muy bien el texto para que haya una incongruencia con la Constitución. Sobre todo si se tiene en cuenta la tesis de Sapolinski: “La Constitución nacional no desconoce el concepto de nacionalidad y el de naturalización, pero no los aplica a las personas sometidas a su régimen constitucional”.
El jueves visitará Uruguay la relatora de movilidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Andrea Pochak. Y en una audiencia pública de ese mismo día se le planteará que el país “está incumpliendo con lo que se comprometió” ante el organismo internacional, explica la integrante de la directiva María Jiménez Fernández.
“Uruguay tiene la obligación de reformar de inmediato su legislación o interpretaciones constitucionales para respetar el derecho inalienable a la nacionalidad de todos los ciudadanos”, había dicho la Comisión.
Y los representantes estatales de entonces (era el gobierno anterior, pero van en sintonía con la actual administración) dijeron que “el Estado uruguayo recibió y aceptó las observaciones y recomendaciones de parte de sus países pares sobre la emisión de pasaportes que permitan la libre circulación, el derecho a la naturalización y la erradicación de la apatridia en el marco del Examen Periódico Universal”.
¿Y ahora qué?
Un cambio en los pasaportes, incluyendo el lugar de nacimiento, podría solucionar partes del problema. Solo que en ese caso el Estado los debiera empezar a expedir luego de haber mandado con tiempo los especímenes a todos los países para que lo estudien y recién luego lanzarlo. Eso lo diferenciaría de lo ocurrido en 2025 que, como averiguó entonces El Observador, se dio posterior a la primera emisión.
Una fuente política de Cancillería dijo, bajo el compromiso de guardar el anonimato: “La solución no pasa por el pasaporte. Hagamos lo que hagamos en el pasaporte, sin un cambio legal que de una vez por todas demuestre la calidad de ciudadano legal como habilitante de derechos como el pasaporte, la gente seguirá teniendo el mismo problema”.
Los cambios legales intermedios, con las leyes interpretativas o de naturalización son las más fáciles de implementar con voluntad política y acuerdo entre partidos, pero puede que sean vapuleadas ante las miradas constitucionales más ortodoxas.
Y la reforma constitucional, como suele pasar en un país “lento”, es que en la discusión haya quienes quieran hacer agregados y movilizar la infraestructura del una jornada electoral. El chiste dice que si se aproxima el fin del mundo hay que mudarse a Uruguay porque aquí todo llega tarde, los cambios también.
Todo esto se da en medio de un mundo un tanto convulsionado, donde el presidente Donald Trump quiso por decreto intentar poner fin a la ciudadanía automática de estadounidenses por derecho de nacimiento (es decir, más de dos millones de personas podría dejar de ser estadounidenses pese a haber nacido allí). La Corte Suprema, incluyendo los jueces más conservadores, fue crítica a que un mandatario pueda modificar algo escrito en una enmienda constitucional.
Mientras, los 16.000 ciudadanos legales seguirán gritando los goles de la Celeste cuando juegue el Mundial, cantando el himno, votando, pero sin que el Estado los reconozca como uruguayos.
