¿Por qué el dato importa?
Ningún país —hasta ahora— descartó el nuevo formato que iban a tener los pasaportes uruguayos. Pero algunos —Alemania, Francia y Japón— habían puesto limitaciones hasta que sus gobiernos estudien y aprueben los documentos. Es decir: el tiempo era la clave.
Tanto es así que hasta la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) envió un oficio de urgencia al Ministerio de Relaciones Exteriores para conocer al detalle cómo fueron los tiempos en que se informó a los países, y así determinar si pudo haberse vulnerado el derecho de algún ciudadano uruguayo.
Para el gobierno la circular del 21 de abril de Cancillería es la prueba de que el nuevo pasaporte no tomó por sorpresa a los países: lo supieron desde que entró en vigencia, y luego en mayo hubo un desayuno de trabajo con las embajadas.
En esa circular, más allá de anexar los especímenes de pasaportes para enseñarles a los distintos gobiernos y dar aviso de los cambios, se explicaban las modificaciones.
El primer cambio era uno ya acordado desde el gobierno anterior, siguiendo la petición de la sociedad civil organizada, la recomendación de la Inddhh y hasta el visto bueno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la que había sido elevada la discriminación que estaban sufriendo los ciudadanos legales en Uruguay (con los viejos pasaportes).
¿En qué consistió ese cambio? El campo de “nacionalidad” pasaba a llamarse “nacionalidad/ciudadanía”. Un nacido en el extranjero, sin padres ni abuelos uruguayos, pero que sea ciudadano uruguayo, figuraría entonces en ese campo como uruguayo.
El nuevo gobierno dio un paso más que también especificó en la circular del 21 de abril: quitar el campo de “lugar de nacimiento”. Ese no era un reclamo de la sociedad civil ni de la Institución de Derechos Humanos.
En la circular se aclara que se hizo la adecuación según la “recomendación de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)”, la agencia de Naciones Unidas que establece normas y métodos recomendados para la seguridad de la aviación civil.
En realidad la OACI no lo recomienda ni deja de recomendar. En la tercera parte del documento 9303 de la Organización se aclara que en lo pasaportes comunes “el lugar de nacimiento es un dato opcional”. Cuando se incluye, puede ni siquiera decirse el país, sino ponerse un pueblo, región o ciudad y con distintas traducciones.
En el enredo generalizado porque a algunos uruguayos se les habían rechazado las visas de ingreso a algunos países hasta tanto los nuevos documentos sean reconocidos, se armó un revuelo político de por qué el nuevo gobierno optó por eliminar el campo de “lugar de nacimiento”. Según supo El Observador, la razón vino desde jerarquías técnicas del Ministerio del Interior en el entendido de que el lugar de nacimiento es un factor de discriminación en el algún puesto migratorio.
La tensión quedó manifiesta cuando el embajador de Alemania, sin previo aviso a la Cancillería por vías oficiales, tuiteó: “Los pasaportes uruguayos emitidos después del 23 de abril de 2025 no indican el lugar de nacimiento. Actualmente, no es posible entrar a Alemania con un pasaporte de este tipo, ni siquiera para estancias cortas. Actualmente, no se aceptan solicitudes de visa con dicho pasaporte”.
Y terminó de elevar el malestar del gobierno uruguayo cuando el embajador francés declaró a El País nunca haber visto un pasaporte sin lugar de nacimiento (cuando existen en más de una decena de países).
Pero este martes, en una reunión con el ministro del Interior y el canciller uruguayo, el embajador francés les comunicó a las autoridades que Francia aceptaba los nuevos pasaportes y que la quita del campo del lugar de nacimiento no era impedimento para su reconocimiento. Aunque el mismo diplomático explicó qué pasaportes sí son reconocidos: natural uruguayo, nacional uruguayo, ciudadano natural.
Para cuando se dio esa comunicación, el gobierno uruguayo ya había tomado la decisión de dar una marcha atrás momentánea y volver a los viejos pasaportes.
Pasaportes anteriores
La resolución enfureció a la sociedad civil que lideraba —con el aval del gobierno anterior y el nuevo— la contemplación de los ciudadanos legales para que no sean tratados como “uruguayos de segunda”.
En al menos tres reuniones, según cuentan integrantes de la organización, el entonces ministro del Interior, Nicolás Martinelli les prometió que el asunto sería solucionado en su propio gobierno. Y si bien quedó todo encaminado, no se concretó.
El nuevo gobierno lo concretó, incorporó un cambio extra (la quita del lugar de conocimiento) y avisó tarde a los países para que tengan tiempo de estudiar la nueva documentación.
El canciller Mario Lubetkin ha negado una y otra vez que estos tres países hayan rechazado los pasaportes y que el problema radicaba en una minoría de casos referidos a visas de larga estadía. Pero el jerarca también ha reconocido que "puede ser que sea poco el tiempo de análisis" que tuvieron dichos Estados, según dijo a Desayunos Informales, y que sus ministerios "deben tardar cuatro, cinco o seis meses para eso".
Ahora los ciudadanos legales (que son más de 16.000 y la cifra crecerá a razón de cientos por año) vuelven a foja cero. Los pasaportes viejos, que son los que se vuelven a imprimir, en su casos no dirá “nacionalidad uruguaya” y eso les complicará (aunque hayan vivido desde el día dos después de nacer en Uruguay) el ingreso a algunos países.
El Observador ya lo ha contado en notas como la historia de Aman y Gulnor.
La Asociación Civil Somos Todos Uruguayos expresó “su consternación y sorpresa por la decisión tomada por las autoridades nacionales uruguayas (…) respecto de la decisión de reemplazar la nueva versión de pasaportes biométricos que comenzaron a emitirse el pasado 16 de abril del presente año, por los anteriores pasaportes uruguayos”.
Los nuevos pasaportes también les complicarían (porque países como Francia no están reconociendo al ciudadano legal), pero les sortearía la trabaja de ingreso en la mayoría de los otros países y, sobre todo, evitarían que muchos ciudadanos legales queden apátridas (porque 27 Estados no admiten la doble nacionalidad).
La solución de fondo es una que el Parlamento apenas estuvo dispuesto a dar: que la ciudadanía (sea natural o legal) entregue la nacionalidad. Entonces cualquier ciudadano sería nacional uruguayo. Eso sí lo acepta Francia.
Eso implica un cambio constitucional o, al menos, una ley interpretativa con mayorías especiales. Pero entonces los legisladores tienen que meterse con esos que son “intocables” en los dogmas jurídicos, como Justino Jiménez de Aréchaga.
Para no complicarla con tanto tecnicismo, para Jiménez de Aréchaga (y siempre haciendo su lectura, porque la Constitución como tal no es tajante) se puede ser nacional sin ser ciudadano y se puede ser ciudadano siendo extranjero como lo son las personas que obtienen la ciudadanía legal. Entonces un ciudadano legal, a los efectos de Uruguay, seguirá siendo un extranjero y no un uruguayo. Es una discriminación que no figura en casi ningún otro país.
A nivel político, la oposición salió a pedir la renuncia de Lubetkin cuando Cancillería e Interior anunciaron que reimprimirían sin costo los pasaportes de la polémica bajo el viejo formato. El presidente Yamandú Orsi lo respaldó y le dijo a Telenoche que "es un lujo" tenerlo. Mientras desde el MPP cuestionan a la oposición por ensañarse con el canciller -pasando por alto la responsabilidad del Ministerio del Interior- y refieren a una "defensa de la soberanía" para que Uruguay decida por sí solo sus propios pasaportes, el gobierno habla de llegar a una solución de consenso político.
