La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) instó al Estado uruguayo a "garantizar derechos" debido a la emisión de los viejos pasaportes, luego que las impresiones que se habían empezado a realizar en abril trajeran la advertencia de países como Alemania, Francia y Japón.
El Estado había empezado a emitir documentación que incluían el país de ciudadanía en el documento y no el de nacimiento. En julio se comunicó que se volvería a la vieja impresión, debido a un posible no ingreso a los países mencionados.
El organismo "confía en que el Estado uruguayo continuará avanzando en una revisión normativa y procedimental que, lejos de implicar retrocesos, fortalezca las garantías para todas las personas ciudadanas, en pie de igualdad".
A su vez, el Inddhh recordó que "ha trabajado de forma sostenida, junto con organizaciones de la sociedad civil" en estos reclamos con el apoyo de organizaciones internacionales.
"En el informe del Grupo de Trabajo sobre Ciudadanía Legal y Nacionalidad, presentado en abril de 2025 en la sede de la Inddhh, se recomendó modificar la información consignada en el campo 'nacionalidad' de los pasaportes, como una medida necesaria para garantizar la libertad de movimiento de las personas con ciudadanía legal en Uruguay", agregan en un comunicado.
Tras la polémica de un posible no ingreso a otros países, Uruguay dio marcha atrás después de la impresión de 17.000 pasaportes. Las personas con nueva documentación pueden tramitar sin costo volver al documento anterior.
"La Inddhh recuerda que Uruguay ha asumido compromisos internacionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que incluyen la adecuación de su normativa a los estándares internacionales en la materia y la eliminación de todo obstáculo que impida el ejercicio pleno de los derechos", añade el organismo.
"La libertad de circulación y la igualdad ante la ley son derechos fundamentales. Ninguna persona con ciudadanía legal puede ser discriminada ni ver restringido su acceso a documentación adecuada. La distinción entre ciudadanía legal y natural no puede, en ningún caso, derivar en un trato desigual ni afectar el goce de derechos", sentencia el documento.
El canciller de la República, Mario Lubetkin, defendió los cambios en la normativa diciendo que era algo que había iniciado la anterior gestión y que fue bien recibido por organismos internacionales. Sin embargo, el gobierno terminó dando marcha atrás y parte de la oposición pidió la renuncia del ministro.
