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El senador Ernesto Agazzi comenzó a trabajar desde el año pasado, a pedido del presidente José Mujica, en un proyecto de ley para limitar la extranjerización de la tierra en todo el país.

Consultado ayer por El Observador dijo que aún no hay nada escrito, pero adelantó que Uruguay seguirá la tendencia mundial de limitar en todo su territorio la propiedad de tierras a nombre de ciudadanos de otros países.

A su vez, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) está siguiendo de cerca las medidas contra la extranjerización de la tierra que toman otros estados sobre la base que Uruguay adoptará iniciativas en ese sentido, dijeron a El Observador fuentes del Poder Ejecutivo.
Las fuentes del gobierno indicaron que el anunciado proyecto de ley para desestimular la concentración de la tierra a través de un impuesto a los predios mayores a las 2.000 hectáreas ya implica un freno a la compra de tierra por extranjeros.

Los informantes indicaron que la propuesta será posterior a la aprobación del tributo a la tierra.

En el período pasado, cuando Agazzi estuvo al frente del Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), comenzó a trabajar en un proyecto de ley que creaba a lo largo de las fronteras del país una zona de exclusión en la que no podía haber tierras a nombre de extranjeros ni de sociedades anónimas.

Agazzi dijo ayer que esa iniciativa quedó corta porque ahora la tendencia mundial es fijar un límite a la extranjerización en todo el territorio de un país.

La comisión
Mujica había conformado a fines del año pasado una comisión con senadores del FA para analizar posibles cambios en la regulación de la propiedad de la tierra.

Convocó entonces a Agazzi, Enrique Rubio (Vertiente Artiguista) y a Jorge Saravia (por entonces del Movimiento de Participación Popular). Saravia se alejó el mes pasado del Frente Amplio y la comisión quedó solo con Agazzi y Rubio.

Ambos coordinan acciones con las actuales autoridades del MGAP, sobre todo con el subsecretario Daniel Garín, integrante del MPP.

El proyecto con el nuevo impuesto a la tierra es una iniciativa del presidente Mujica que elaboró con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

El proyecto final será básicamente el que tenía en mente el mandatario, aunque de todos modos incluirá aspectos sugeridos por el vicepresidente Danilo Astori.

Fuentes gubernamentales confirmaron que la iniciativa será oficializada “en los próximos días”, una promesa que el propio Mujica hizo ante una delegación del Partido Comunista del Uruguay (PCU) con la que se reunió el jueves pasado en la Torre Ejecutiva.

Otras voces

Ante las medidas concretas por tenencia de tierras en manos de extranjeros que están tomando varios países del mundo y sobre todo de la región, otras voces por fuera del MPP adelantan que será necesario ir hacia una regulación mayor. El senador Rubio se pronunció a favor de fijar un tope a la cantidad de tierras que pueden tener los extranjeros y aseguró que hay que mover las fichas en este mismo período de gobierno.

“Hay demanda creciente por recursos naturales y eso se va a incrementar en los próximos años como manera de invertir en recursos que son cada vez más escasos”, dijo.

Agregó además que “hay cuestiones de soberanía y seguridad alimentaria que hay que tener en cuenta”, declaró el líder de la Vertiente Artiguista a El Observador. “Me parece aconsejable estudiar la posibilidad de establecer un límite físico a las inversiones no nacionales”.

Para el legislador, no hay que tomar decisiones “apresuradas” en ese campo, pero no se puede obviar que los países desarrollados, así como los periféricos, están endureciendo la regulación respecto a la tierra.

Mientras, en el FA crece la presión contra la posesión de propiedades por parte de ciudadanos de otras nacionalidades.

Es que una de las tendencias instaladas que el gobierno ha detectado es que hay estados que salen a comprar tierras por el mundo. Fuentes oficiales relataron que Corea es una de las naciones que lleva adelante esa política a través de empresas 100% estatales e informaron que ese es un tema que inquieta al presidente Mujica.

Por ese motivo, relataron que una “segunda etapa” de la política de tierras será la limitación de la propiedad de la tierra según la nacionalidad.

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