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Los gobiernos de ultraderecha ponen obstáculos para resolver la cuestión migratoria en la Unión Europea
La cuestión migratoria y, en concreto, la devolución de migrantes ilegales a sus países de origen, ocupará un lugar central entre los temas que se discutirán en la reunión de ministros de Interior que se celebra este jueves en Suecia.
Ocho años después de la crisis de los refugiados de 2015, la Unión Europea (UE) sigue intentando reformar su sistema de asilo mientras vuelven a aumentar las llegadas de migrantes al continente.
El peso de la extrema derecha en varios países europeos complica aún más las perspectivas de consenso sobre cómo repartir mejor las responsabilidades dentro del bloque para acoger a los solicitantes de asilo.
Suecia ostenta la presidencia semestral del Consejo de la UE y por ello dirige las negociaciones sobre asuntos europeos hasta finales de junio.
En este país escandinavo, que hasta 2015-2016 tenía una de las políticas de asilo más generosas del continente, el gobierno tiene ahora una alianza sin precedentes con los ultraderechistas del partido Demócratas de Suecia (SD).
El acuerdo mayoritario entre los tres partidos en el gobierno y el SD "endurece aún más el enfoque restrictivo" en materia de migración adoptado por el anterior gobierno socialdemócrata, dijo a AFP Bernd Parusel, del Instituto Sueco de Estudios Políticos Europeos.
Su objetivo es "reducir la inmigración todo lo posible", y el gobierno y sus aliados "desde luego no van a querer un compromiso [europeo] que aumente el número de solicitantes de asilo en Suecia", añadió.
"No tenemos ningún problema con la cooperación en el control de fronteras o la lucha contra la inmigración ilegal en nuestra región inmediata, pero está claro que no queremos ninguna acogida obligatoria de inmigrantes", dijo a la misma agencia de noticias Ludvig Aspling, diputado del SD y portavoz del partido en cuestiones de migración.
De momento, la presidencia sueca del Consejo de la UE quiere trabajar para aumentar el número de devoluciones de migrantes irregulares a su país de origen, cuando a escala europea solo se ejecuta realmente el 20% de las decisiones de "retorno".
Algunos aspectos del Pacto sobre Migración y Asilo presentado por la Comisión en septiembre de 2020 han avanzado, en particular la ampliación del ámbito de Eurodac, la base de datos europea que contiene las huellas dactilares de los migrantes irregulares y los solicitantes de asilo.
Pero parece difícil que se adopte todo el pacto antes de las elecciones europeas de 2024, como habían prometido el Parlamento y el Consejo de la UE .
La cuestión más espinosa es la reforma del llamado sistema de Dublín, que determina el reparto de los solicitantes de asilo entre los países de la UE, y que sigue bloqueada.
"En este punto, podemos ver que sigue habiendo un profundo desacuerdo entre los Estados miembros", dice Helena Hahn, experta en migración del European Policy Centre (EPC).
Los países mediterráneos se quejan de la carga que supone para ellos este sistema según el cual el país de llegada de un migrante a la UE es responsable de tramitar su solicitud de asilo y piden la "reubicación" de estos solicitantes en otros países de la UE.
Por su parte los países del Norte están preocupados por los movimientos secundarios, es decir, la llegada a su territorio de un gran número de solicitantes de asilo que ya fueron registrados en otro país o cuyas solicitudes han sido rechazadas allí.
La necesidad de reformas es acuciante porque la UE se enfrenta a un aumento de las llegadas. En 2022 hubo 330.000 "entradas irregulares", el nivel más alto desde 2016, según la agencia Frontex.
En 2022 se registraron además unas 924.000 solicitudes de asilo, lo que supone un aumento interanual del 50%, según la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, quien señaló que, además, la UE acoge a cuatro millones de refugiados ucranianos.
"Esto somete a nuestros sistemas a una gran presión", reconoció la comisaria sueca.
(Con información de AFP)
