Mano dura y autoritarismo: seducción peligrosa
Mano dura y autoritarismo: seducción peligrosa. Escribe Carina Novarese
Cuando discutimos sobre delitos, sobre una cuestión que pega en las emociones más delicadas de nuestras mentes, el miedo sobre todo, siempre temo que la “pasión” de los enfrentamientos y la escasez de argumentos -o los argumentos tramposos-, nos terminen confundiendo de manera irrevocable. Esa confusión, creo, es la que hace que muchos uruguayos, ahora y antes también, digan con demasiada facilidad que todo se soluciona con “mano dura”. La “mano dura” tiene mil significados posibles, pero entre ellos hay abusos a los derechos humanos que erróneamente pensamos que solo les tocarán a quienes delinquieron, pero que al final pudren a una sociedad entera y afectan, incluso, a quienes pedían esa mano dura.
En todo esto estuve pensando en estos días luego de volver a leer lo que está pasando en El Salvador, uno de los países en los que los ciudadanos están muy contentos con su “democracia” liderada por una presidente que efectivamente fue elegido democráticamente, que se presentó como un tecnócrata que venía a salvar a su país, arrasado por las pandillas, pero que rápidamente se transformó en un mandatario autoritario que gobierna con estados de excepción continuos, con “mano dura” ciertamente, y con grandes abusos.
Nayib Bukele llegó en 2019 y prometió, como sus antecesores, terminar con las pandillas y la violencia. En marzo de 2022, luego de varios desbordes antidemocráticos y más de una declaración pública de ser “designado por dios”, el presidente dio la orden de comenzar una gigantesca razzia. Esto sucedió luego de que 87 personas fueron asesinadas en un solo fin de semana, como consecuencia de un acuerdo roto entre gobierno y pandillas. El presidente declaró el primer estado de excepción. Desde entonces, lo ha renovado 15 veces. Esta figura le permite sacar a los militares a las calles y hacerle la guerra a las maras (pandillas), sin preocuparse por ningún debido proceso ni reparar en los abusos contra los derechos humanos que denuncian organismos internacionales.
Bukele tiene el 95% de apoyo de los salvadoreños, según el propio Bukele. Más allá de porcentajes, es cierto que la gran mayoría de la población, harta de la violencia y de la corruptela política en un sistema democrático tan joven como débil, apoya lo que está haciendo el presidente. La mesa estaba servida para que algo así pasara; el Latinobarómetro de 2018 mostró que sólo el 28% de la población consideraba importante la democracia. Más del 50% dijo que le daba lo mismo vivir en una democracia o en una dictadura.
Los estados de excepción le han permitido a Bukele arrestar a más de 70.000 personas, que fueron encarceladas en los últimos tiempos por ser o parecer delincuentes. Esa sospecha puede ser tan débil como una llamada anónima a un 0800 en el que el gobierno recolecta información para luego capturar. La mayoría no ha tenido juicio.
En un reportaje publicado en la última edición de The Economist se relata cómo se vive ahora en uno de los barrios salvadoreños que hasta hace poco era controlado por pandillas, que aterrorizaban a los residentes y los obligaban a pagar para sobrevivir. Un estudio realizado por el Banco Central de El Salvador y PNUD estimó en 2016 que los pagos que se hacía por extorsión representaban el equivalente a un 3 % del PIB. A eso se le debe sumar el costo de la violencia, las muertes, las personas que quedaban heridas y no podían trabajar.
Con este caldo de cultivo no sorprende que la inmensa mayoría de los pobladores del barrio estén felices. Entre los 70.000 que están en la cárcel ciertamente hay muchos pandilleros. Los que se salvaron de Bukele huyeron o están escondidos. Todo parece estar en calma.
Son pocos, sin embargo, los que se preguntan qué pasará después. Porque las manos duras tienen principio, pero casi nunca final (feliz). El partido de Bukele anunció el 9 de julio que será candidato en febrero de 2024, aunque en ese país no es legal la reelección. Los que se detienen a analizar la situación advierten desde hace tiempo que está construyendo una dictadura, y el propio presidente no deja mucho lugar a dudas cuando se define a sí mismo como “El dictador más cool del mundo”
“Absorta en cubrir sus necesidades del día a día, harta de los políticos tradicionales que saquearon este país, la población en general no es de momento un obstáculo: idolatra a su caudillo”, escribió en 2021 en el New York Times el periodista y editor salvadoreño, Óscar Martínez. En su columna anticipó lo que está sucediendo ahora: un camino sin regreso hacia la tiranía.
Esos 70.000 seres que hoy están en la cárcel, el 7% de toda la población masculina de El Salvador de entre 14 a 29 años, saldrán de la cárcel en algún momento, con este u otro gobierno. Y lo harán recargados de odio y violencia o con severos problemas mentales derivados de abusos constantes.
La mano dura puede ser muy efectista En 2015 la tasa de homicidios era de 106 cada 100.000 personas; en 2018, un año antes de que asumiera Bukele había bajado a 18, sin estado de excepción. Con el presidente-cool-dictador bajó a ocho cada 100.000 personas, en 2022.
En el primer semestre de este año, la tasa de homicidios en Uruguay fue de 5,24 cada 100.000 habitantes. En estos días el Ministerio del Interior anunció que en los primeros seis meses del año bajaron los homicidios, así como las denuncias de hurtos y abigeatos, mientras que subieron las denuncias de rapiñas y de violencia doméstica.
Las cifras de la violencia son un arma de doble filo dependiendo de quién las esgrima. En el medio estamos nosotros, los ciudadanos que, o andamos despistados o nos creemos una u otra versión exacerbada o minimizada del asunto.
Casi nunca nos preguntamos qué pasará con los presos uruguayos -esos que tantos reclaman que sean más- cuando sea hora de salir de la cárcel. La encuesta que se conoció esta semana sobre las personas que viven en la calle, cada vez son más, da otro dato importante: casi la mitad son exreclusos, que no tienen ni medios ni redes de contención para empezar una nueva vida. Ciertamente tampoco tienen herramientas para hacerlo, porque durante su estadía en prisión no fueron rehabilitados como lo indica la ley uruguaya.
Esta situación ha sido denunciada una y otra vez por organismos de derechos humanos y por el Comisionado Parlamentario de Cárceles, Juan Miguel Petit, durante gobiernos de todos los colores. Esta semana Petit se reunió con el ministro de Desarrollo Social y le propuso que se le de una Tarjeta Uruguay Social a las personas que salen de prisión, como una manera de que accedan a recursos mínimos para poder hacerse cargo de los gastos básicos, mientras estén en situación de vulnerabilidad. El Ministerio accedió.
Mientras discutimos y argumentamos lo mal o bien que se gestiona la seguridad y cuántas delitos se cometen, cada día salen de la cárcel 26 presos. Un alto porcentaje volverá a delinquir.
Es relativamente fácil ser mano dura con impunidad. Bukele es ahora más popular que el papa y ciertamente mucho más que cualquier otro mandatario latinoamericano. Esa popularidad se ha construido en base a abusos para intentar controlar la violencia extrema. Ante quienes denuncian malos tratos y abusos en prisión, el presidente salvadoreño publica en sus redes sociales imágenes de presos desnundos apelmazados en recintos carcelarios.
Uruguay se precia de su democracia y ciertamente estamos muy lejos de un escenario Bukele. Nunca viene mal, sin embargo, darle una mano a la democracia con una discusión honesta sobre la seguridad, un acuerdo que olvide los votos y una consciencia mucho más clara de lo que debemos hacer con los 15.000 presos que habitan nuestras cárceles repletas y omisas.
