Menos seguros de lo que pensamos
Bonomi ya había advertido en el Parlamento que los efectos de la delincuencia "son mucho más graves de lo que se dice"
Pese al mejoramiento de la actividad policial y al alto costo que tiene para el Estado, las empresas y los particulares protegerse de los delincuentes, la inseguridad pública no solo se mantiene como la preocupación primordial de la mayoría de los uruguayos. Ahora las autoridades han advertido que la situación es todavía peor que lo que la gente percibe. La crítica gravedad del tema se reflejó en un informe del Ministerio del Interior y la Policía al Consejo de Ministros y en estudios de diferentes instituciones sobre los temores ciudadanos y los recursos fiscales y privados que se vuelcan a la búsqueda de seguridad, en un combate en el que los retrocesos superan largamente a los avances.
La percepción ciudadana se nutre de una tenebrosa crónica policial diaria, en la que menudean los asaltos a comercios de todo tipo, rapiñas a transeúntes y otros actos violentos que habitualmente causan heridos y, muchas veces, muertes. El ministro de Interior, Eduardo Bonomi, ya había advertido en el Parlamento que los efectos de la delincuencia “son mucho más graves de lo que se dice”. El tema fue ampliado por el ministro interino, Jorge Vázquez, y el director de la Policía Nacional, Julio Guarteche, en una reunión de gabinete.
Señalaron que la inseguridad “no se soluciona solo con medidas represivas” porque “no es solo un problema policial”, y reclamaron la participación de todo el aparato estatal en un esfuerzo combinado para combatirla, según informó Búsqueda. El pedido abarca presumiblemente áreas de impacto social. Incluyen al sistema educativo, controles sobre las condiciones de vida en las zonas más conflictivas, modernización del obsoleto sistema de Justicia penal y proyectos de diferente tipo para frenar el control de bandas de narcotraficantes y todo otro tipo de malhechores en los barrios en que imponen reinados de terror para dominarlos. Puede incluso llegar el momento en que haya que recurrir a efectivos militares.
El costo actual para el Estado del combate a la delincuencia ya supera el 2% del Producto Interno Bruto, más de US$ 1.000 millones anuales, según el Banco Interamericano de Desarrollo. Se le agrega la conclusión de la Universidad de Montevideo de que el gasto en prevención de las empresas privadas ha aumentado al 4,5% de su facturación total, invertido en seguros, alarmas, rejas, cámaras de video vigilancia y guardias. Y una encuesta de Equipos Consultores reveló que el 62% de los uruguayos considera que el país es “inseguro” o “muy inseguro”, cifra cuya magnitud acrecientan los informes del Ministerio del Interior.
Todo apunta a que el aumento de recursos presupuestales para la Policía, así como su mejoramiento operativo en formación e incorporación de tecnología moderna, son insuficientes para contener la incrementada amenaza delictiva. Expandir la acción del Estado a otras áreas donde se incuba y facilita el accionar del narcotráfico y de otro tipos de agresiones a la seguridad ciudadana es una meta compleja y de impacto a largo plazo. Pero no hay otro camino si realmente se quiere ayudar a la Policía en una guerra que se expande día a día, en la que no existen treguas como en otros conflictos y en la que la única alternativa a la victoria es bajar los brazos en derrota, final inaceptable en un país que se ha gloriado siempre de ser el más seguro de la región. Es un galardón que no puede perderse.
