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México extraditará a Raúl Escobar Poblete, el exguerrillero chileno que lideró una red de secuestros en San Miguel de Allende
Un oscuro ciclo de muertes y secuestros "trasnacionales" se cierra.
El gobierno de México anunció este lunes que extraditará a Chile a Raúl Escobar Poblete, un exguerrillero chileno buscado por décadas en su país natal por una sucesión de delitos que incluyen la muerte del senador Jaime Guzmán, considerado el ideólogo del gobierno de facto de Augusto Pinochet.
De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana, la extradición obedece a un reclamo de las autoridades de Santiago y permitirá que Raúl "N" (el alias con el que lo identificó la cancillería) sea procesado por la Segunda Sala de la Corte Suprema de Justicia de su país de origen.
"Es importante destacar que el gobierno requirente proporcionó las garantías suficientes de que no se aplicará la pena de muerte al reclamado (…) ni tampoco le será aplicada la prisión vitalicia conforme a lo acordado en el tratado bilateral", indica el texto.
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México había negado en noviembre pasado otra solicitud de deportación del "comandante Emilio" (como era conocido en la guerrilla), basada aquella vez en una causa por el secuestro de un joven chileno, hijo de un empresario de derecha también cercano a Pinochet.
Ahora, el anuncio de la extradición, que todavía se desconoce cuándo tendrá lugar, ocurre cinco días antes del cambio de gobierno en México, en el que tomará posesión el candidato de izquierda Andrés Manuel López Obrador.
Las acusaciones del largo historial de Escobar van desde un atentado con cohete contra la residencia en Santiago del personal de seguridad de la embajada de Estados Unidos hasta la muerte de políticos cercanos a Pinochet o el rescate en helicóptero de un grupo de guerrilleros presos.
Todas ellas en nombre del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), un grupo guerrillero que combatió al gobierno de facto en Chile.
La sucesión de delitos de los que se le acusa comenzó en su país natal hace casi tres décadas, pero una de sus páginas más oscuras ocurrió en México.
Se cree que allí, en San Miguel de Allende, una tranquila ciudad turística llena de estadounidenses retirados y acaudalados, el antiguo guerrillero lideró una red criminal a la que señalan de cometer algunos de los secuestros de mayor impacto en ese país en la última década.
Una red criminal
Los cabos del paso de Escobar por México y su presunta historia delictiva allí comenzaron a atarse hace un año, cuando fue arrestado casi por accidente tras ser denunciado por un taxista.
Poco antes, le había pedido al chofer que entregara un paquete en una dirección y le pagó cerca de US$26 dólares, una cantidad excesiva para el tramo que tendría que recorrer para el pedido.
Pero si la cantidad de dinero generó sospechas en el taxista, la tensión fue mayor cuando notó que el hombre que le había encargado el paquete lo seguía.
El conductor llamó a la policía y Escobar fue detenido e identificado poco tiempo después.
El exguerrillero había vivido en México por 10 años bajo la identidad de Ramón Alberto Guerra Valencia y, según los reportes de medios locales, tenía incluso credencial para votar y licencia de conducción.
El arresto escandalizó a México no solo por el perfil del detenido, que vivió con tranquilidad allí mientras era buscado por la Interpol en más de 190 países.
En realidad, lo que llamó más la atención de las autoridades y lo que lo llevó a los titulares fue el objeto que había entregado al taxista.
Dentro de la caja se encontraba un dedo humano, luego identificado como el meñique de Nancy Michell Kendall, una estadounidense a quien habían secuestrado dos meses antes.
Era una amenaza para presionar por un pronto pago del rescate.
Una red de secuestros
Las fichas del caso llevaron a las autoridades de México a considerar que Escobar, junto a su esposa española y una red de colaboradores, era responsable de al menos cinco secuestros de gran impacto que habían tenido lugar en la última década.
Entre ellos, el del excandidato presidencial Diego Fernández de Cevallos, el del empresario Eduardo García Valseca y el de Mónica Jurado, quien fue nuera del expresidente Vicente Fox.
Pero muchos habitantes de San Miguel de Allende creen que, en realidad, sus víctimas fueron muchas más, dado que en algunos casos no se informó a la policía y se negoció directamente entre los familiares y los secuestradores.
Según informaron tras su detención medios mexicanos, en todos los casos el modus operandi parecía ser el mismo; las víctimas eran encerradas durante meses en cajas de madera construidas exprofeso para su estatura.
Por Alberto Nájar, periodista de BBC Mundo en México
Desde su captura el 30 de mayo de 2017, Raúl Julio Escobar Poblete conocido como "Comandante Emilio" pasó aislado la mayor parte de su tiempo en prisión en México.
Sus abogados denunciaron que el exguerrillero permanecía encerrado en una celda pequeña con luz artificial durante las 24 horas, sin ventanas ni acceso a convivir con otros internos.
En una carta que envió al semanario Proceso, Escobar Poblete dijo que las autoridades complicaban a sus abogados revisar el expediente de su juicio. "Estoy en una indefensión absoluta", dijo.
El caso del "Comandante Emilio" es uno de los más emblemáticos en la ola de violencia que padece México desde hace más de una década.
Escobar Poblete y su banda realizaron algunos de los secuestros de mayor impacto en los últimos años. El más conocido fue el del excandidato presidencial Diego Fernández de Cevallos, quien permaneció varios meses en una casa de seguridad.
El político comentó, después de su liberación -no se sabe el monto del rescate- que sus captores "hablaban como profesores universitarios".
Podían permanecer de pie o acostarse por completo, pero el contenedor —similar al que se usa para empacar mercancía en las aduanas— solo tenía una puerta pequeña.
El grupo obligaba a las víctimas a escuchar música estruendosa durante varios días y también las encerraba en cajas estrechas donde sólo podían permanecer acostadas.
Los presuntos secuestradores realizaron además complicadas operaciones financieras para evitar que se rastreara el dinero de los rescates, que en todos los casos fueron de varios millones de dólares.
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