Mides intervino más de 12 mil veces con personas que viven en la calle durante el Plan Invierno

En una conferencia conjunta el ministro de Defensa, Javier García y el de Desarrollo Social, Martín Lema, dieron cifras del operativo conjunto que llevaron a cabo.

Las 12.713 intervenciones significa la cantidad de acciones que efectuaron las cuadrillas del ministerio para derivar a las personas a los refugios para que pasen la noche ahí, por lo que puede haber realizado más de una intervención por persona durante el plan. Según supo El Observador, si la persona se niega a ir el Mides no tiene potestad para obligarla. Solo debe hacerlo si constata riesgo de muerte.

El Plan invierno comenzó el 15 de mayo y cerró el 31 de octubre. A su vez, hubo 18.435 llamados a la línea del Mides para avisar que había personas a la intemperie, más de 3.200 comunicaciones por WhatsApp por la misma situación y más de 1.100 intervenciones de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) con esas personas.

Por otro lado, Lema afirmó que, “por segundo año consecutivo” no faltó ningún cupo en los refugios para las personas que viven en la calle. Además, reiteró que se mantendrán los 400 cupos de contingencia que se agregan durante el Plan invierno durante el resto del año. 

Tal como informó este viernes El Observador, el último relevamiento oficial fue realizado por el Mides a fines de julio de año pasado. Allí se indicó que en Montevideo había 920 personas que vivían en la intemperie. El 24% de las 3.907 fueron consideradas “en situación de calle”. El resto, 2.987 personas, eran usuarias de distintos dispositivos del Mides. 

En 2021, el Mides había registrado que había 3.907 personas que vivían en la calle, 16% más que en e 2020.  

Por otro lado, el Mides se encuentra valorando y definirá en diciembre entre más de 40 proyectos de intervención social a los efectos de trabajar con las personas que viven en calle y que se niegan a asistir a alguno de los centros de atención estatal 

Para su implementación, la cartera dispondrá de $ 150 millones en 2023. Allí se buscará focalizar el trabajo en las personas que, por distintos motivos, rechazan sistemáticamente acudir a algunos de los refugios estatales para, por lo menos, pasar la noche y que, además, reúnen ciertas características. Por ejemplo, personas recién salidas de la prisión, que sufren determinadas patologías mentales o que padecen de adicciones.