Cuando la Policía mexicana encontró 49 cadáveres desperdigados en una carretera que lleva a Texas, al ejército le tomó solamente una semana presentar a un supuesto narcotraficante como el responsable del espeluznante crimen. Pero dos meses después, las autoridades no han identificado a una sola víctima.

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Los 49 cuerpos, decapitados, sin manos ni pies, arrojados en la carretera de Nuevo León, parecen ahora destinados a una suerte cada vez más común en la guerra de México contra las drogas: quedar para siempre anónimos, engrosando las filas de los muertos sin nombre.

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Casi 16.000 cuerpos no han sido identificados, afirma la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un organismo gubernamental autónomo. En total, 24.000 personas están reportadas como desaparecidas. Mucha gente dice que la Policía del país está simplemente abrumada por la cantidad de casos, pues lidia con malas condiciones forenses y con la renuencia de algunos testigos y parientes de víctimas a colaborar.

Ese aparente desinterés genera frecuentes críticas de mexicanos cansados de la ofensiva gubernamental contra los cárteles de la droga, los cuales también pelean entre ellos. En total, la violencia ha provocado al menos 47.000 muertos desde que el presidente Felipe Calderón emprendió una campaña militar contra los narcos a finales de 2006.

“El nivel de violencia que estamos viviendo expresa el vacío de gobernabilidad y crisis seria de las instituciones y revela que el Estado se ha corrompido”, dijo Blanca Martínez, del centro de derechos humanos Fray Juan de Larios, en el estado norteño de Coahuila en la frontera con Estados Unidos.

En espera de una tumba
Aunque los 49 cadáveres de Nuevo León no tenían cabeza, manos ni pies, la Policía les aplicó pruebas genéticas y comparó los resultados, sin suerte, con centenares de mexicanos que han sido reportados como desaparecidos.

Las autoridades capturaron a Daniel Elizondo, el presunto cabecilla de una célula del hiperviolento grupo de las drogas llamado los Zetas y le atribuyeron la atrocidad, pero Elizondo y otros dos sospechosos arrestados en el caso no han dado al parecer ninguna información que pueda ayudar a la Policía. El Ejército dijo que Elizondo afirma que alguien le entregó los cadáveres.

Los cuerpos de los 43 hombres y seis mujeres continúan en una morgue en la ciudad industrial de Monterrey, capital de Nuevo León, donde están marcados con las iniciales “N.N.” y son identificados con números, dijo una vocera de la Policía estatal. Las autoridades creen que los cadáveres son indicios de un enfrentamiento más entre los Zetas y sus cárteles adversarios del Golfo y de Sinaloa.

Ahora depende del jefe de los investigadores decidir cuánto tiempo permanecerán los cuerpos en la morgue, para que luego sean envueltos en sábanas y enterrados juntos en tumbas comunes de cementerios en la zona metropolitana de Monterrey, dijo la portavoz policial. Los cadáveres pueden quedarse en la morgue un tiempo máximo de cuatro meses. Tradicionalmente, los mexicanos sepultan a sus muertos en un lapso no mayor de 48 horas.
Los parientes de los desaparecidos relatan que sufren la incertidumbre de desconocer el paradero de sus seres queridos.

“Cuando se llevaron a mi hijo, ahí acabaron con nosotros”, declaró Maximina Hernández, una camarera de 44 años que vive en el suburbio de Santa Catarina en Monterrey. Su hijo, un policía de 23 años, fue capturado por hombres armados minutos después de terminar un turno laboral en 2007. “Lo único que le pido a Dios es una noticia, saber dónde está, pero no hay avance, no hay nada”.

Hernández se unió a otras personas con parientes desaparecidos para presionar a las autoridades a fin de que investiguen los casos, pero dijo que se siente decepcionada por los resultados que ha visto hasta ahora.

Indicó que la policía le tomó muestras de ADN, al igual que al padre de su hijo, pero que nunca investigó. Sospecha de que el comandante de su hijo estaba involucrado en la desaparición. El año pasado, las autoridades capturaron al comandante policial junto con más de 40 agentes de Santa Catarina por supuestamente trabajar para los Zetas.

Violencia que crece
Luis García, investigador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, confirmó la noción generalizada de que el número de los cadáveres sin identificar sigue creciendo, al igual que la cantidad de desaparecidos. La comisión compiló entre 2000 y 2005 un registro de 8.898 cuerpos sin identificar, cifra que desde entonces tuvo un incremento significativo de 80% hasta junio. El número de las personas reportadas como desaparecidas en el primer período —5.397— ha aumentado más drásticamente, en casi 350%.

Nadie sabe exactamente cuántos de los muertos son por la violencia relacionada con las drogas y cuántas desaparecieron a manos de los carteles porque nunca se ha hecho un estudio de esa situación, expuso García.

Las acciones gubernamentales han tenido resultados mixtos. Calderón intentó reformar y profesionalizar a la Policía federal, que ha triplicado su fuerza a 35.000 efectivos, pero ha tenido poco éxito en mejorar a las policías locales y estatales.

El gobierno propuso la creación de una base nacional de datos con la información de los desaparecidos que esté disponible para los investigadores de los 32 estados del país, pero aún está en proceso de desarrollo.

Los parientes de víctimas de la violencia han denunciado que las peticiones de ayuda son a menudo ignoradas y aseguran que no es raro que sean hostigados para que dejen de insistir en que sus casos sean investigados.

La corrupción enquistada en la Policía de México, sobre todo en las pequeñas fuerzas locales, complica el mecanismo de identificación. En consecuencia, muchas personas con parientes desaparecidos no se acercan a las autoridades por el temor de ser atacadas en caso de que haya agentes coludidos con los criminales.

Hernández relató que una vez los investigadores le dijeron que temían averiguar la desaparición de su hijo porque “estaba grueso” (complicado).
“Ellos me decían que los entendiera, que ellos también tenían familia. Así de cínicos eran”, aseguró.

Hernández, que tiene otros tres hijos, de entre 7 y 14 años, dijo que se quedó petrificada cuando su hijo fue llevado con rumbo desconocido, pero pensó que su empeño por encontrarlo era más fuerte, así que comenzó su propia investigación.“Han sido unos cinco años horribles, pero la esperanza de encontrarlo me mantiene firme”, señaló. (AP).

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