Monopolios que el tiempo ha borrado
Los dirigentes del FA defienden, sin otra base que el voluntarismo ideológico
La crítica situación de ANCAP revela la incongruencia de los monopolios estatales y la escasa visión de los dirigentes del Frente Amplio que defienden, sin otra base que el voluntarismo ideológico, un curso que perjudica a toda la población al resquebrajar la infraestructura de servicios. Si se necesitara confirmación, basta comparar la abismal diferencia entre empresas públicas que, además de buena gestión administrativa, han abierto parte de sus operaciones a asociación con privados o a competencia entre los dos sectores. UTE ha transformado el marco energético hacia el autoabastecimiento y ya exporta electricidad gracias al aporte privado a la creciente generación eólica, solar y por biomasa, que se agrega a la tradicional dependencia en las represas y las centrales térmicas. Por su parte ANTEL ha mejorado notoriamente la calidad y confiabilidad de las comunicaciones con la instalación de la fibra óptica y la red celular LTE en el mercado de la telefonía móvil, donde compite con dos poderosas empresas extranjeras.
Es notorio el contraste con las empresas aferradas al monopolio. Este sistema tiende a debilitar la vigilante administración eficiente. Al no existir competencia o no tener que cumplir las normas de calidad de gestión que impone la asociación con privados, quienes dirigen esas instituciones públicas tienden a un descuido en sus operaciones y negocios, lo que epiloga en gruesos errores costosos, como le ha ocurrido a ANCAP. Al margen de las conclusiones de la comisión parlamentaria que la investiga, que pueden llegar en algunos casos a la Justicia, esta empresa muestra la realidad de que, pese a operar sin competencia, ha multiplicado más de seis veces su pasivo de US$ 290 millones en 2004 a US$ 2.100 millones el año pasado, más alrededor de US$ 200 millones este año. La situación de crisis que admitió ante la comisión legislativa el propio presidente del ente, José Coya, obliga ahora a un rescate multimillonario que pagarán todos los uruguayos, ya sea por mayor endeudamiento o asignación de recursos fiscales.
Otro caso que rompe los ojos es AFE, cuya inoperancia pone en riesgo el transporte de la producción de madera y otros rubros. El restablecimiento de un sistema ferroviario algo más eficiente, que previas administraciones dejaron caer imprevisoramente, está frenado desde que el sindicato forzó a Tabaré Vázquez en su primera presidencia a dejar caer un acuerdo con privados que estaba casi listo. Su sucesor José Mujica dio por hecha la recuperación con inversiones chinas pero nunca se concretaron, parálisis que sigue incambiada hasta ahora.
Obviamente hay que ser cuidadoso en la elección de inversores privados, para evitar costosos sacudones financieros para el país, como ocurrió con Pluna. Otro traspié grave fue la paralizada regasificadora, aunque se produjo por causas ajenas al gobierno, derivadas del escándalo de corrupción en Petrobras. Pero si se prioriza en la infraestructura el interés general sobre las ilusiones estatistas, es obvia la necesidad de incorporar presencia privada en las áreas de servicios públicos que permanecen bajo monopolios ineficientes. Está fuera de todo cálculo la privatización de las empresas estatales. Pero nadie puede negar la conveniencia, para el país y sus habitantes, de abrir los monopolios públicos a la asociación o competencia con inversores privados serios, ruta segura a mejores servicios y al desarrollo económico.
