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La Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) se parece al título de aquella famosa película del maestro italiano Federico Fellini: Y la nave va. Pero la nave va sola, como un buque sin amarras por la inmensidad del océano de la administración pública uruguaya.

En realidad, como órgano desconcentrado, ASSE posee –en un plano idéntico al del Consejo Directivo Central de la Educación (Codicen)– un alto grado de autonomía. ASSE no responde al ministro de Salud Pública, ni al Parlamento, sino que rinde cuentas directamente al presidente de la República. Así, la estructura de decisión pone un manto de duda sobre quién es el que verdaderamente manda en ASSE.

Su presidente, Mario Córdoba, del MPP y hombre de confianza del presidente Mujica, ha recibido durísimas críticas por parte de los médicos agremiados.

Las denuncias por polémicas remociones de cargos y por irregularidades en hospitales y otras dependencias vienen lloviendo dentro de ASSE como si fuera un monzón desde hace varios meses. El asunto tomará ahora estado parlamentario.

La última bomba que explotó en esa tierra de nadie fue el esperpento del Instituto Nacional del Cáncer (INCA).

Por un lado, fuentes del INCA dijeron al diario El País que la situación edilicia y de infraestructura es pésima. Existen problemas eléctricos que han producido pérdidas de medicamentos.

Por otro lado, ahora vuelve a flote una remoción de Carmen Vallejo, directora administrativa del instituto, afín al Partido Nacional, que sucedió hace dos meses. La funcionaria acusa a las autoridades de “persecución política”.

Según El País, el representante de los trabajadores en el directorio de ASSE, Alfredo Silva, deslindó responsabilidades en dicha remoción. Los motivos fueron valorados por el equipo de gestión del INCA, que tiene esa potestad. Supongo que habrán sido funcionales”, declaró Silva.

En diálogo con El Observador el representante de la oposición en el directorio de ASSE, Alejandro Draper, dijo que desde el 16 de febrero pasado cuando recibieron las primeras denuncias de irregularidades en el INCA. En aquella ocasión un corte de la energía eléctrica había producido una detención en los equipos de refrigeración que echó a perder medicamentos por un valor de US$ 800 mil. “La investigación se encuentra todavía en curso”, explicó Draper sin dar más detalles de la misma.

Consultado sobre cuál es el límite de tiempo de esta investigación, que lleva adelante el departamento jurídico de ASSE, Draper indicó que no hay un plazo y que la resolución se ha demorado “porque surgieron otros elementos en el medio”.

A esta lentitud en la investigaciones internas, se le agrega además un contexto donde las cabezas han corrido como en la revolución francesa.

Por ejemplo, hace una semana renunció el director del INCA, Mario Varangot, “por motivos personales”, según dijo.

Matemática extraña
Además de estas situaciones, ASSE ha llevado números poco claros en cuanto a las cifras que maneja. Por ejemplo, en febrero de este año se había informado que habían sido 1.520 los pacientes intervenidos de urgencia. La oposición había cuestionado esas cifras. En abril se revieron los números y la cifra final que arrojó ASSE fue de 1.064 pacientes operados.

Desde el Poder Ejecutivo, se ve con preocupación la situación de ASSE. Allegados al ministro de Salud Pública, Daniel Olesker, dijeron que desde esa cartera se reconoce una falta de conducción por parte de la administración.

En el Parlamento el diputado nacionalista Pablo Abdala emitió un pedido de informes al ministro de Salud Pública para saber las causas de las remociones en el Instituto de Oncología, así como en otros hospitales públicos.

Allí se sucedieron las remociones de directores de servicios, sustituidos por empleados no médicos agremiados en la Federación de Funcionarios de Salud Públicos. Esta organización tiene un representante en el directorio de ASSE, Alfredo Silva, quien junto al presidente ha promovido las remociones en el servicio de salud.
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