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OEA evita cuestionar a Venezuela, pero pide sentencia sobre López

El organismo que encabeza Luis Almagro asumió una postura similar a la de Unasur

Por  Redacción
Luis Almagro, secretario general de la OEA. Inés Guimaraens

La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), al frente de la cual se encuentra el excanciller uruguayo Luis Almagro, pidió ayer que la comunidad internacional tenga acceso a la sentencia por la que se condenó al líder opositor venezolano Leopoldo López, pero no cuestionó la determinación del fallo judicial.

"En el caso de Leopoldo López, por ser él un político procesado bajo un Estado de Derecho, la Secretaría General de la OEA cree imperioso que la comunidad internacional tenga acceso a la sentencia por la que se le condenó", indicó en un comunicado la organización.
Una posición similar ya había adoptado la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur). Una nota de la secretaria de ese organismo dio su respaldo al fallo de la justicia venezolana y confió en que López pueda ejercer su defensa en segunda instancia. El gobierno uruguayo también se llamó a silencio.

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"La Secretaría General de la OEA espera que la siguiente etapa procesal de apelación, para la cual se cuenta con 10 días, se lleve a cabo cumpliendo las reglas del debido proceso y en concordancia con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos", añadió el comunicado divulgado por el organismo que encabeza Almagro.

Además, la OEA recordó que, "en armonía con sus fundamentos jurídicos y sus pilares", aboga por "el libre ejercicio de ideas y posturas políticas diversas" en el marco del Estado de Derecho, y por "el ejercicio de las garantías democráticas logradas en la región".

"El respeto a la disidencia es la base fundamental del fortalecimiento de una cultura democrática de libertades civiles y no debe ser sancionada con la privación de la libertad, salvo en casos demostrados de violación del orden constitucional", apuntó el organismo.
El dirigente opositor venezolano Leopoldo López fue condenado a 13 años y 9 meses de prisión por el tribunal que le juzga en primera instancia. La condena es la máxima para los delitos de los que estaba acusado López, a saber, instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio por los hechos violentos al final de una marcha antigubernamental el 12 de febrero de 2014, que dejaron tres muertos, y que fue convocada por él, entre otros.

López convocó a través de una carta leída por su esposa, Lilian Tintori, a una manifestación el próximo sábado "bajo estricta disciplina no violenta" de toda la oposición venezolana agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Cuestionamientos

Una de las reacciones más fuertes provino del secretario de Estado de Estados Unidos, John kerry, quien dijo en un comunicado que a su país le preocupa "el uso del sistema judicial venezolano para reprimir y castigar a los críticos del gobierno". Al rechazar esas críticas, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, señaló que está "revisando" los acercamientos que mantiene con Washington para normalizar las relaciones.

"Así no. Estoy evaluando todo lo que ha sido esta conducta del gobierno de Estados Unidos, no nos van a jugar doble rasero, estoy revisando toda la relación que veníamos constituyendo con el gobierno de Estados Unidos", afirmó Maduro en un acto público. Los dos países carecen de embajadores desde 2010, debido a una conflictiva relación en medio de la cual Maduro acusa a la Casa Blanca de apoyar supuestos planes de la oposición para derrocarlo.

Las reacciones se extendieron a España, donde el jefe del gobierno Mariano Rajoy manifestó que "una democracia no sólo es ir a la urnas, sino la garantía del cumplimiento de la ley y la garantía del respeto a los derechos fundamentales". El juicio "falló en proporcionar a los acusados las garantías de transparencia adecuadas y el debido proceso", afirmó a su vez la Unión Europea en un comunicado. También se pronunció la oficina del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, reiterando su "pedido a las autoridades venezolanas de que aseguren el debido proceso".

Es "una muy mala idea utilizar los tribunales de justicia para castigar ciudadanos por sus opiniones políticas", consideró el presidente costarricense, Luis Guillermo Solís. El exjefe del gobierno español, Felipe González, sentenció de su lado que "Venezuela se ha convertido en una dictadura de facto", pues el presidente "decide por el Parlamento y por la Justicia". Junto con López fueron condenados a penas de entre cuatro y diez años de cárcel tres estudiantes universitarios.

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