Organizaciones y prensa critican nueva “ley mordaza” de Ecuador
Entró en vigencia una ley de medios “dirigida a generar miedo”, según un jurista
Una ley de 119 artículos que ayer entró en vigencia es la nueva amenaza que desde Ecuador se cierne sobre la libertad de prensa, que en los países del eje bolivariano se recorta cada vez más y genera la preocupación de organismos internacionales. Entre las principales novedades de la norma promovida por Rafael Correa se encuentra la figura del “linchamiento público” y la definición de la información de relevancia pública e interés general.
En su primer día en vigencia, los principales medios de prensa de Ecuador publicaron diversos artículos y columnas de opinión en los que condenaron la nueva Ley Orgánica de Comunicación, que es vista por estos y por varios organismos independientes como una mordaza a la prensa y un ataque a la libertad de expresión.
La ley “va más allá de ser una simple norma y se convierte en una política dirigida a generar miedo”, declaró a El Comercio de Quito el jurista Alejandro Ponce Villacís.
El experto se manifestó así, sobre todo en relación a la nueva figura del linchamiento mediático, que prohíbe a los medios difundir una información que sea “publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública”. En este tipo de casos, comunes cuando se ejerce el periodismo, las autoridades podrían ejercer una censura previa, algo que está prohibido en los primeros artículos de la norma.
De acuerdo con la figura del linchamiento público, entonces, la prensa no podrá informar de actos como la corrupción si el implicado se considera “desprestigiado” por el medio. Así, “se perjudica a la sociedad porque no se permite que se entere de lo que sucede y se impide un correcto ejercicio democrático”, consideró Pablo Albán, experto en derechos humanos en ese país.
Los medios igualmente cuestionan la creación de una Superintendencia de Información y Comunicación, un organismo dedicado a la “vigilancia, auditoría, intervención y control” de los medios de comunicación.
El cuerpo tiene una “capacidad sancionatoria” que, según un editorial de El Comercio, implica un “peligroso instrumento de control e intimidación y limita seriamente la acción de los medios no alineados con el poder”.
Por otra parte, el titular de ese cuerpo, su superintendente, será elegido de una terna seleccionada por un organismo afín al Ejecutivo, con lo que se perderá toda independencia del oficialismo, denuncian en Ecuador.
Finalmente, los implicados denuncian la creación de un Consejo de Regulación de Medios que tendrá atribuciones en materia de acceso a la información, contenidos y franjas horarias, así como en la elaboración de reglamentos y de informes para la adjudicación de frecuencias.
Información de interés público
En el artículo 18 de la nueva ley se establece que los medios tienen el deber de cubrir y difundir los hechos de interés público, pero no se sabe en qué consiste esa categoría ni quien la define.
De acuerdo con los expertos, lo anterior es una manera elegante de decir que el Estado será quien determine qué información es relevante y cuál no lo es. Así lo denunció José Miguel Vivanco, presidente de la organización internacional Human Rights Watch.
“Esta legislación intenta establecer una información controlada que represente a la verdad oficial, sobre la base de sanciones y nuevos mecanismos institucionales que son dependientes del gobierno de turno”, declaró Vivanco a El Comercio.
A raíz de todo lo anterior, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) envió, junto a otras organizaciones de prensa, una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que solicitó que se pronuncie “de manera contundente” frente al proyecto.
Para Claudio Paolillo, director del semanario Búsqueda y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, la nueva norma oficializa una nueva serie de “delitos de prensa” que privilegian al gobierno sobre el derecho a la información de los ciudadanos. Según su punto de vista, la nueva ley “debilitará los procesos de investigación periodística e impedirá que el público conozca lo que los poderes tratan de ocultar”.
