Poder Judicial pide casi US$ 30 millones para aplicar ley de Violencia hacia las mujeres

Se trata de un monto "mínimo" para cumplir con la normativa que el Parlamento aprobó en diciembre de 2017

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26 de junio de 2018 a las 17:45

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El Poder Judicial solicitó un incremento presupuestal de poco más de $ 943 millones (casi US$ 30 millones) para la implementación de la ley nº 19.580 de "Violencia hacia las mujeres basada en género". La normativa, que establece entre otros puntos la creación de juzgados especializados en violencia basada en género, doméstica y sexual, fue aprobada el pasado 13 de diciembre, sin que contara con financiación para ser ejecutada.

Fuentes del Poder Judicial dijeron a El Observador que el monto solicitado es el "mínimo indispensable" para poder cumplir con la ley. En el proyecto, que fue entregado este lunes, el Poder Judicial establece la necesidad de crear 33 cargos de jueces, 66 de defensores públicos, 65 actuarios, 34 psicólogos, 12 médicos psiquiatras y 34 médicos forenses.

Asimismo, el Poder Judicial todavía resta definir la designación de otros cargos, que no fueron incluidos en este presupuesto.


El aumento del gasto previsto por el Poder Ejecutivo para el período 2019-2020 es de US$ 150 millones por año. Sin embargo, buena parte de ese incremento ya está comprometido, y tiene como prioridades las áreas de educación, seguridad y salud.

Los juzgados especializados creados por la ley de "Violencia hacia las mujeres basada en género" podrán disponer medidas de protección para las víctimas, definir pensiones alimenticias, tenencias de menores, régimen de visitas y también perseguir delitos derivados de la violencia basada en género, doméstica o sexual. De esta forma, estos juzgados unirán la acción de la Justicia que actualmente se divide entre juzgados de familia especializada, encargado de disponer medidas de protección; juzgados letrados de familia, que resuelven divorcios, regulan tenencias y visitas; y los letrados penales, que persiguen delitos.

En total, el Poder Judicial solicitó un incremento presupuestal de casi $ 1.360.000.000 (US$ 42 millones). Entre los desafíos marcados en el proyecto de rendición de cuentas, el Poder Judicial resalta la necesidad de contar con financiación para la consolidación del nuevo Código del Proceso Penal (vigente desde el pasado 1° de noviembre), "profundizar" la digitalización de la gestión para ir hacia un "expediente 100% digital" y la concreción de mejoras edilicias.

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