Policía Comunitaria abrirá paso al Mides en barrios conflictivos
Planes sociales se reforzarán en Tres Ombúes, Marconi, Chacarita de los Padres, Ituzaingó y Santa Teresa
El cruzamiento de datos oficiales referidos a condiciones de vida de la población y delitos cometidos en una zona, determinó que el rediseño de las políticas sociales comenzará a aplicarse en Tres Ombúes, Ituzaingó, Marconi, Chacarita de los Padres y Santa Teresa. A esos barrios de Montevideo, algunos con características de asentamiento, se agregarán dos más de Canelones. Una será Villa Manuela, cercana a Montevideo en el kilómetro 24 al norte de ruta 8; y un barrio de Las Piedras, posiblemente Obelisco, según informaron a El Observador fuentes ministeriales.
El plan que está avanzado pero no terminado a nivel de los técnicos y jerarcas de los Ministerios de Desarrollo Social (Mides) e Interior, se presentará al presidente José Mujica, en el próximo Consejo de Ministros. Una vez que el mandatario lo analice con los ministros Daniel Olesker (Mides) y Eduardo Bonomi (Interior), se explicará a la población la estrategia con la cual el gobierno piensa mejorar la convivencia en barrios complicados y bajar el número de delitos.
Las autoridades están convencidas de que mejorar las condiciones de vida en barrios pobres es un imperativo moral y un compromiso político, pero además creen que atacar el delito en esas zonas mejorará la seguridad en el resto de la ciudad.
Según supo El Observador, el Ministerio del Interior “entrará con la Policía Comunitaria” y paralelamente se incrementarán los servicios sociales que se presentarán con varios programas que hoy están a cargo del Mides.
La Policía Comunitaria “tiene un perfil de trabajo distinto al del funcionario policial común. Tiene un proceso de selección diferente, trabaja en el terreno, busca generar confianza en los vecinos, tiene un perfil de comunicación, interactúa en el barrio para resolver problemas, y sabe escuchar”, explicaron las fuentes.
Con la presencia policial y los equipos interdisciplinarios del Mides, integrados por profesionales jóvenes, se establecerán programas para aplicar a mediano y largo plazo. Los técnicos del Mides realizaron 70.000 visitas a hogares que hoy reciben un subsidio económico del Estado para determinar las condiciones de vida de esa población y determinar si continuarán o no recibiendo las tarjetas de asistencia.
Salvo en Chacarita de los Padres, donde quedó instalada una comisaría móvil, luego de los megaoperativos la presencia policial desapareció de los barrios y la situación volvió a ser la misma.
La intención del gobierno es que a partir de ahora tanto la Policía como los servicios sociales tengan una presencia permanente en los barrios seleccionados.
Hace dos semanas, el presidente Mujica y sus ministros discutieron sobre la “fractura de la sociedad” y si es posible “suturar o no esa división”. La respuesta fue positiva: el gobierno cree que se puede trabajar, que los datos sociales muestran mejoras en materia de caída de la pobreza, de la indigencia y que hay más empleo lo que facilita la inclusión. En ese encuentro en la residencia presidencial del Prado se concluyó que el camino será reformar los planes sociales para ir acortando la brecha entre los sectores marginales y el resto de la sociedad.
Fue ahí cuando Mujica encargó al prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, que junto a Bonomi y Olesker definan la profundización de los programas “para meterse en los barrios” con servicios descentralizados como las policlínicas o centros CAIF de atención a la infancia”.
Bonomi explicó luego en conferencia de prensa que “las intervenciones se darán donde la inmensa mayoría de la gente es de trabajo y estudio pero que convive con grupos vinculados al tráfico de drogas, rapiñas, extorsiones y cobro de peajes. Esa convivencia perjudica de forma grande a la gente de trabajo y estudio”, insistió.
Poco cambio
En Chacarita de los Padres, una de las zonas donde actuarán la Policía y el Mides, –un asentamiento cerca de Punta de Rieles al sur de camino Maldonado–, a pesar de que se instaló una comisaría móvil la situación de vida de la gente no cambió abril de 2011 cuando se realizó el primer megaoperativo. Hoy las ambulancias tampoco entran y mucho menos un técnico a reparar un lavaparropas, afirmó una vecina al programa de televisión En la Mira de VTV.
En la Cruz de Carrasco, otra de las zonas donde la policía hizo rastrillajes, dicen que lo hace falta son políticas vinculadas al mundo laboral y hubo críticas al megaoperativo que “no agarró a ninguno de los delincuentes pesados”. Desde la ONG, La Pascua que funciona junto a la iglesia católica de Camino Carrasco y Bolivia, el profesor Fabián González, comentó a El Observador que “la situación no cambió porque no cambiaron las condiciones que la provoca”.
En tanto, Laura Zanolli, directora del Centro de Apoyo para el Desarrollo Integral (CADI), ubicado en Casavalle, al lado del Marconi, señaló a El Observador que “no es sólo con plata” que se ayuda sino reafirmando procesos educativos. “Los jóvenes de esta zona no saben cuál es el valor de estudiar porque la plata igual llega a su padre que tampoco trabaja”, comentó. En el CADI se apoya a los niños y también a la familia.
Varias ONG que trabajan en barrios conflictivos se quejaron de no haber sido consultadas por el gobierno para ayudar a trazar la estrategia de seguridad.
