Cargando...

Nacional > SINDICATO

Presionado por el PIT-CNT, López aceptó pedir licencia

El vicepresidente de la central sindical tenía previsto mantenerse en el cargo

Tiempo de lectura: -'

12 de agosto de 2015 a las 05:00

El secretariado del PIT-CNT resolvió ayer que el vicepresidente de la central, José Lorenzo López, deje su cargo durante el mes que durará la investigación interna sobre el episodio de violencia ocurrido en el Ceprili el 24 de julio.

En la reunión, que se extendió durante cuatro horas, se adoptó la resolución con la decisión de casi todos los presentes. De 13 participantes, 12 votaron afirmativamente, pero Richard Read, quien había sido el más crítico con la actitud de López –que aparece en un video observando el procedimiento en el que se reduce a varios jóvenes–, se abstuvo de votar.

La negociación fue intensa. Hubo al menos dos cuartos intermedios. La primera moción, presentada por los sindicalistas alineados al Partido Comunista y por Read pretendía que el PIT-CNT le pidiera licencia a López. De esa manera, quedaría en evidencia el desacuerdo de la central sindical con el dirigente. La segunda moción, de Articulación, planteaba que López debía pedir la licencia. Esa postura buscaba amortiguar el golpe.

Por su parte López, secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), consideraba, junto al gremio que representa, que debía mantenerse en la vicepresidencia del PIT-CNT durante la investigación.

Otra moción que se barajó en el secretariado fue pedirle a López que se tome licencia por 60 días.

Finalmente, tras negociar, el dirigente cedió y aceptó pedir licencia. De esa manera se destrabó la negociación, informaron fuentes sindicales a El Observador.

Read no apoyó esa moción y se abstuvo de votar porque tenía el mandato de que el PIT-CNT debía pedirle licencia a su vicepresidente.

La mayoría de los integrantes del Secretariado Ejecutivo no está de acuerdo en expulsar a López de la dirección de la central sindical, ya que consideran que no hay razones para señalarlo como culpable de actos violentos o extorsivos. De hecho, los señalamientos apuntan a que no hay protocolos de actuación en los centros del INAU y a las pésimas condiciones laborales que deben afrontar sus funcionarios.

En paralelo a esa resolución, el Secretariado Ejecutivo resolvió la creación de una comisión investigadora. El objetivo –además de indagar acerca del video–será proponer alternativas para modificar el sistema de reclusión de menores infractores, según informó la central sindical en un comunicado.

Cuestionamientos a López

La actitud de López había sido cuestionada desde distintos ámbitos, incluso desde varios sectores del Frente Amplio, luego de que el miércoles, después de la difusión del video, dijo en El Observador TV que "normalmente se actúa así" y afirmó que lo que se muestra en la filmación "no representa ningún uso desmedido de la fuerza". Sin embargo, luego de hablar con otros integrantes de la central, cambió su postura y en entrevista con canal 12 admitió que fue "exagerada la cantidad" de funcionarios que ingresaron al módulo y reconoció que hubo "algunos excesos".

El lunes, en conferencia de prensa, López anunció que pediría a la central obrera la creación de una comisión interna que evalúe "a fondo" el accionar del sindicato del INAU y el suyo personal "en los hechos que se dieron durante todo el día 24 de julio en Ceprili". También dijo que aceptaría la decisión de la central y recibió el respaldo de COFE.

López dijo que el sindicato no ampara "ningún hecho de violencia deliberada" y cuestionó a la presidenta del Sirpa, Gabriela Fulco, porque es "una persona que tiene más sombras que luces en ámbitos de conducción del Estado, la cual empezó su carrera en servicios penitenciarios en la dictadura".

En la Justicia

Desde ayer y hasta el viernes, la Justicia indaga a 36 funcionarios del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) por la represión contra varios internos del Centro de Privación de Libertad (Ceprili) ocurrida el pasado 24 julio y cuya filmación tomó estado público la semana pasada.

El juez penal Gustavo Iribarren y la fiscal Adriana Umpiérrez tramitan las denuncias presentadas por Fulco y por la Institución Nacional de Derechos Humanos.

Comentarios

Registrate gratis y seguí navegando.

¿Ya estás registrado? iniciá sesión aquí.

Pasá de informarte a formar tu opinión.

Suscribite desde US$ 245 / mes

Elegí tu plan

Estás por alcanzar el límite de notas.

Suscribite ahora a

Te quedan 3 notas gratuitas.

Accedé ilimitado desde US$ 245 / mes

Esta es tu última nota gratuita.

Se parte de desde US$ 245 / mes

Alcanzaste el límite de notas gratuitas.

Elegí tu plan y accedé sin límites.

Ver planes

Contenido exclusivo de

Sé parte, pasá de informarte a formar tu opinión.

Si ya sos suscriptor Member, iniciá sesión acá

Cargando...