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El procesamiento con prisión de la jueza Anabella Damasco por retirar dinero incautado en procedimientos judiciales puso bajo sospecha todo lo actuado por la magistrada mientras estuvo al frente de la sede penal de 14 turno y generó una serie de denuncias por nuevas irregularidades. En algunos casos los abogados denuncian que sus clientes se vieron perjudicados por la actuación de Damasco y pedirán que la Justicia en Crimen Organizado investigue.

Damasco fue procesada y enviada a prisión el miércoles por siete delitos de peculado, luego que la Justicia en Crimen Organizado detectó que se apropió de US$ 55 mil incautados en procedimientos judiciales vinculados a narcotráfico, proxenetismo y aborto.

Si bien la jueza presentó renuncia a la judicatura antes de ser procesada, la Suprema Corte no se la aceptó y ordenó un sumario administrativo que también abarcará a las actuarias que firmaron las órdenes de pago y permitieron que retirara el dinero.
Al declarar ante la Justicia, Damasco dijo que cometió el delito porque estaba amenazada. Ayer se supo que había denunciado una amenaza.

En su carta de renuncia, Damasco dejó entrever que su accionar delictivo se dio en el marco de amenazas. “En conocimiento de la gravedad de los hechos investigados estimo que no existe explicación racional que justifica ese manejo (de los fondos) y debo asumir la responsabilidad de mis errores pese a que en el momento de hacerlos consideré que, aunque equivocados, era la mejor decisión que podía tomar”. La magistrada entregó la dimisión en mano al vocero de la Corte, Raúl Oxandabarat, en el juzgado de Díaz, cuando fue citada a declarar el pasado martes.

Piden que Justicia investigue
El caso generó conmoción en el Poder Judicial porque Damasco es una magistrada muy respetada entre sus colegas y por su actuación gremial en la Asociación de Magistrados, pero además puso en tela de juicio toda su actuación. Desde que está en prisión han ido saliendo a luz nuevas irregularidades que si bien no refieren a faltante de dinero, se relacionan con faltante de bienes y errores en los procesos penales.

Uno de los expedientes en el que se denunciaron irregularidades es el de la Operación Campanita. Uno de los procesados por narcotráfico, José Luis Suárez, reclamó la falta de bienes que le fueron incautados en un allanamiento en casa de un familiar.

Según explicó su defensor, José Luis González, a El Observador, “se llevaron de la vivienda más bienes de los que figuran en el acta de incautación, en concreto joyas”. Por ese faltante se realizó una denuncia ante la actual jueza penal de 14º turno, Adriana De los Santos, quien la derivó a la órbita de Crimen Organizado, pero finalmente fue archivada.

González anunció que la próxima semana concurrirá a esa sede especializada para averiguar los motivos de la clausura de ese expediente y solicitar su desarchivo.
“Existe un reconocimiento oficial firmado por un funcionario de Narcóticos del faltante de determinada cantidad de joyas”, explicó González.

Además, existió otra denuncia presentada por el mismo abogado al antecesor de De los Santos, el ex juez Federico Álvarez Petraglia, por irregularidades en la incautación y remate de vehículos, en el mismo expediente. Agregó que “cuando (él) estaba a cargo del juzgado, entró una denuncia por desaparición de objetos en un allanamiento”, pero aclaró que en aquel momento “nada apuntaba a Damasco”. Las denuncias también están relacionadas con documentación extraviada. De hecho, el juez Díaz refirió en el auto de procesamiento que en los tres casos en que Damasco se quedó con dinero proveniente de incautaciones, hizo desaparecer los expedientes. El abogado Javier Simonetti, defensor del contador Ruben Weizman –procesado por la Operación Campanita– dijo a El Observador que la denunció ante la Suprema Corte porque en el auto de procesamiento de su cliente mencionaba un documento que no figuraba en el expediente, y que apareció 30 meses después. La Suprema Corte de Justicia archivó esa denuncia. Por su parte, el abogado Víctor Della Valle señaló que poco antes de que ascendiera al tribunal, iba a denunciarla. “Había atraso en los procesos, escritos que se perdían, ocultamiento de expedientes”.

Tres jueces destituidos
En los últimos tres años fueron sumariados y destituidos por la Suprema Corte de Justicia tres jueces por cometer actos irregulares. En 2009, el juez Mijail Rottas fue procesado con prisión por la Justicia de Rivera por “conjunción del interés personal y público” por favorecer a un conocido en una causa. La Corte destituyó este año a la jueza de Rocha Amalís Martínez por haber entregado en 2008 un balneario valuado en US$ 4 millones a un privado porque el hombre pagó los tributos adeudados. También fue destituida una jueza de Paz de Montevideo debido a que libró una orden de pago errónea y el dinero se entregó mal. Damasco permanece recluida en una dependencia de la Guardia Republicana, en la calle Minas.
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