Pero lo que primó en la manifestación, organizada por la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (Ucrus), fue el temor que tienen los clasificadores a quedarse sin trabajo y la urgencia de que alguien piense una solución para las 6.000 personas que se dedican a eso. En los últimos meses se requisaron 25 carros que incumplían las normas estipuladas. “Se viene brava. No sé qué quieren que hagamos”, sollozó ante El Observador la secretaria del gremio, Patricia Gutiérrez.
Otro que tomó el micrófono fue Juan Carlos Silva, concejal del Centro Comunal 11 de Marconi. “Las consecuencias de ir sacando a los clasificadores de la calle, quemar la basura y demás medidas, se van a agravar”, apuntó. “No queremos un gobierno de sordos”.
Luego explicó a El Observador que si bien trabaja como concejal, es crítico con el gobierno porque antes de eso es “carrero y feriante”. “Mi obligación es estar con los vecinos”, dijo.
El trayecto comenzó al mediodía en el Palacio Legislativo y luego marcharon hasta el Ministerio del Interior, aunque a este último no accedieron porque estaba vallado. Gutiérrez dijo que igual pudieron hacer llegar una carta para el ministro Eduardo Bonomi en la que se quejan de los “atropellos” de los efectivos policiales. “Hay muchísimos casos (de maltrato) y los caballos desaparecen. Nos roban nuestra herramienta de trabajo”, alegó.
La proclama que entregaron a la intendenta Ana Olivera, y que uno de los manifestantes leyó en la explanada, planteó: “Rechazamos la represión. Reclamamos el cese absoluto de las medidas que se utilizan para imponer la parálisis de nuestro trabajo. Cuando la Intendencia de Montevideo requisa un automóvil mal estacionado, nadie reclama contra el automovilista. Con nosotros ocurre exactamente lo opuesto. La pretendida racionalidad que se nos aplica es que los de arriba tienen derecho a todo, mientras los de abajo a nada”.
