Una transformación significativa en el mercado de alquiler de viviendas ha llegado a España con la reciente promulgación de la nueva Ley de Vivienda. Esta normativa que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado 25 de mayo, ha generado un gran impacto al establecer cambios sustanciales en la relación entre arrendadores e inquilinos.
A partir de ahora, y con este nueva Ley de alquileres en España, no te dejes engañar. Conoce al pie de la letra qué se modifica a favor de quienes buscan rentar un piso o una vivienda en cualquier sector del país ya que este cambio significa un verdadero antes y después a la hora de encontrar dónde vivir y no tener que vaciar tu bolsillo de euros.
Como una de las grandes promesas del Gobierno de coalición, desde mayo del 2023 alquilar en España ahora tiene otras normativas. Desde el primer día y con contratos vigentes, se estableció que el próximo aumento podrá realizarse hasta un 3% en 2024 (antes era únicamente del 2%), esperando la llegada del 2025 para rever el porcentaje. Este límite tiene como objetivo principal evitar aumentos desmedidos en los costos de los alquileres en España, beneficiando a quienes buscan una vivienda de alquiler asequible.
Otro de los grandes cambios, bastante importante, se refiere a los grandes tenedores de propiedades. Según la nueva ley, una persona física o jurídica debe poseer al menos cinco viviendas para ser considerado un gran tenedor. Esto tiene implicancias significativas en términos de regulación y control de los propietarios con múltiples propiedades, buscando garantizar una mayor equidad en el mercado de alquileres.
Uno de los cambios más notables y esperados por los inquilinos es la prohibición de cobrar ciertos gastos relacionados con el alquiler. Tradicionalmente, los inquilinos debían hacer frente a la fianza, que podía ser equivalente a más de un mes de alquiler, y también a comisiones o gastos relacionados con la agencia inmobiliaria encargada de la transacción.
La nueva legislación establece de manera clara que los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato están a cargo del arrendador. En otras palabras, a partir de la entrada en vigor de esta ley, serán los arrendadores quienes deberán asumir los costos relacionados con la agencia inmobiliaria. Esto pone fin a los abusos y gastos excesivos que a menudo dificultan el acceso a una vivienda para muchas personas, especialmente jóvenes, debido a los desembolsos iniciales requeridos.
Este cambio representa un alivio significativo para aquellos que buscan alquilar una vivienda y alinea la legislación española con las prácticas más justas y equitativas en el mercado de alquiler. La ley busca, en última instancia, facilitar el acceso a la vivienda y promover un mercado más transparente y accesible para todos los ciudadanos.
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