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Rebaja salarial a funcionarios públicos implicó recorte de US$ 192 millones, según COFE
El Instituto de Estudios Sindicales de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), hizo público en los últimos días un estudio en el que se sostiene que “la rebaja salarial” que se aplicó a los salarios públicos en enero de 2021 generó un recorte de más de $ 8.100 millones (unos US$ 192 millones).
“Esto implicó una pérdida significativa de poder adquisitivo de los trabajadores, una reducción del consumo interno y en especial de la demanda a las pequeñas y medianas empresas, en particular las barriales, tales como almacenes, kioscos, entre otros”, destacó el sindicato.
Según expresó el Consejo Directivo de COFE, esta rebaja de salario en el sector público fue de un 5%, "lo que ha generado una caída sostenida del salario real", y según adelantan, también tendrá un impacto negativo en las jubilaciones y pensiones en Uruguay, "que el año próximo nuevamente ajustarán por debajo de la inflación".
El informe menciona en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que el total de retribuciones pagadas en 2020 en el sector público fue de $ 137.045 millones (en pesos corrientes). Esos montos fueron de $ 111.162 en Gobierno Central, $ 6.743 millones en Banco de Previsión Social (BPS) y $ 19.140 millones en empresas públicas.
Si esas retribuciones se hubieran actualizado por el IPC de 2020 (9,41%), su valor hubiera sido de $ 149.941 millones, pero como fueron actualizados por 4,41%, el valor es de $ 142.663 millones. “El ajuste del gobierno, rebajando el salario de los trabajadores públicos, es de $ 7.277 millones, que de acuerdo a valores de 2021, equivale a U$S 173 millones”, dice el informe.
Por otro lado, COFE sostiene que a esas pérdidas deben sumarse “las producidas por el Plan UTE Premia cuya aplicación implico una reducción del IPC de 0,6%”. Como consecuencia el IPC de diciembre tuvo una caída de 0,19 %, dice el sindicato.
“Esta caída puntual de la inflación anualizada tiene impactos negativos para todos los trabajadores porque la variación anual del IPC es un elemento central para la determinación de los salarios”, explica.
“Por tanto, a la pérdida de poder adquisitivo estimada anteriormente debe sumarse este 0,6% que equivale a $ 822 millones, con lo cual la pérdida total sería de $ 8.100 millones, equivalentes a US$ 192 millones”.
Al margen de lo que sostiene el sindicato, en este último punto vale mencionar que el UTE Premia siempre tuvo un impacto deflacionario en diciembre. Pero en el año su efecto es neutro porque en enero se da una suba de tarifas al no estar la bonificación que el mes anterior hizo que bajaran. La única vez que sí impactó a la baja en la inflación fue en 2012, cuando era la primera vez que se aplicaba.
Recorte de vacantes
Además, COFE sostiene que a partir de marzo de 2020, con el decreto 90/020, el gobierno aplicó “una política de cese y recorte salarial de cientos de puestos de trabajo en el Estado lo que implicó que muchas familias se quedaran sin ingresos en momentos muy difíciles en materia sanitaria, económica y social, producto la pandemia de covid-19”.
El Poder Ejecutivo también instrumentó el recorte de cargos vacantes, donde de cada tres vacantes puede reponerse solo una. “La realidad muestra que la situación fue aún más perjudicial, ya que de cada tres vacantes no ha ingresado ningún funcionario, lo que está generando grandes problemas de gestión en muchos servicios públicos donde la cantidad de bajas, principalmente por jubilaciones, ha sido significativa”, afirmó COFE.
“Exigimos que en la próxima Rendición de Cuentas se incluya la recuperación del salario perdido y se establezcan espacios reales de negociación colectiva donde todos los temas estén sobre la mesa”, reclamó el sindicato estatal.
