La Red Latinoamericana de Jueces (Redlaj), entidad internacional con magistrados representantes en 19 países de América del Sur, Centroamérica, Caribe y México, cuestionó el fallo de la FIFA que suspendió al delantero Luis Suárez por nueve partidos y que incluye la prohibición de asistir a los estadios y concentraciones.

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Los jueces latinoamericanos señalaron la falta de proporcionalidad entre la falta cometida y la sanción, y expresaron que la FIFA no puede dejar de respetar los derechos fundamentales y las garantías de la persona y por lo tanto la sanción no puede afectar su derecho al trabajo, a reunirse o a transitar libremente por un Estado.

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El comunicado señaló: “la realización de eventos por entidades de carácter corporativo deben ajustarse a las reglas jurídicas de índole general y someterse a las autoridades del país organizador, sin que el evento, por su carácter ecuménico, derivado de su enorme convocatoria e interés público mundial, permita realizar excepciones en el ámbito de los derechos fundamentales y garantías de la persona”.

La red de jueces expresó que “en toda pena debe respetarse la necesaria proporcionalidad entre la falta y la sanción”, que está limitada por “la medida justa” y no debe provocar “estigmas, discriminaciones o efectos que excedan el ámbito de incumbencia, afectando otros derechos ajenos a la propia competencia deportiva, a saber el derecho al trabajo, de reunión y a transitar libremente por el territorio de un Estado”.

“Estas cuestiones están afectadas exclusivamente a la potestad jurisdiccional” del país en el que se celebra el Mundial, o sea Brasil, acotó el pronunciamiento.

Además, expresó que la sanción “debe analizar la modalidad de realización de la falta, sin implicar aspectos propios de la personalidad o conductas anteriores del involucrado, caso contrario se estaría aplicando el írrito derecho penal de autor, en reemplazo del derecho penal de acto”. El derecho penal debe juzgar actos y no a las personas.

La Redlaj es presidida por el juez argentino Luis Roberto Salas Di Menza, mientras que el vicepresidente es el juez chileno Roberto Contreras Olivares. La directiva está integrada por 22 jueces también de Chile, Paraguay, Colombia, México, Perú, Ecuador y Honduras.
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