Colombia vive un terremoto político y judicial este miércoles.
Cerca del mediodía, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que rechazaba la extradición del excomandante de la exguerrilla FARC Jesús Santrich y ordenaba su liberación, lo que generó una ola de repercusiones de inmediato.
Unos 90 minutos después, el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, anunció su "renuncia irrevocable" en desacato a la decisión de la justicia especial sobre el exsublevado.
"Mi conciencia y mi devoción por el Estado de derecho me lo impiden. Por ello he presentado mi renuncia irrevocable".
Santrich, cuyo verdadero nombre es Seuxis Paucias Hernández Solarte, está detenido desde abril de 2010 y era reclamado por Estados Unidos por acusaciones de narcotráfico.
La JEP, un sistema de justicia alternativo creado por los acuerdos de paz para juzgar a exguerrilleros, militares y civiles involucrados en el conflicto armado, determinó que no existían elementos suficientes para su extradición y ordenó a la fiscalía su liberación.
Por ello fue que Néstor Humberto Martínez anunció que no cumpliría con ese mandato y por eso abandonó el cargo.
Ante lo sucedido, el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que cancelaba su agenda en el interior de país para retornar de inmediato a Bogotá.
Desde el momento de su captura, el pedido de extradición de Jesús Santrich generó controversia y criterios enfrentados en Colombia.
Al punto de que los excomandantes de las FARC denunciaron que Colombia incumplía los tratados de paz firmados en 2016 con su detención.
Mientras tanto, sectores críticos a los acuerdos firmados con la exguerrilla apoyaban la extradición de Santrich.
Seuxis Hernández Solarte formó parte de la delegación negociadora de paz de las FARC en La Habana y es conocido por ser uno de los principales líderes de la antigua guerrilla.
La fiscalía, en el momento de su captura, indicó que tenía grabaciones que constatan que el exguerrillero mantuvo reuniones con cómplices y potenciales compradores de droga.
Santrich debía ser uno de los 10 representantes en el Congreso de la formación política en que se transformó la guerrilla de las FARC, cuota dispuesta en el acuerdo de paz.
Uno de sus abogados anunció que con la reciente decisión de la JEP deberá ser liberado y asumir su puesto como diputado.
La decisión de la jurisdicción especial fue apelada por la Procuraduría de Colombia y se deberá resolver en las siguientes semanas.
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