Selectiva legalidad oficial
La incorrecta actitud del gobierno frente a los estudiantes que ocupan la sede del Codicen
La tolerancia oficial con la ocupación de la sede central de la educación por estudiantes de cuatro liceos muestra una incorrecta actitud selectiva en la aplicación de una norma legal. Los estudiantes tomaron el local del Consejo Directivo Central (Codicen) de ANEP sin que las autoridades aplicaran de inmediato el decreto vigente, dictado durante la administración Mujica, que prohíbe la ocupación de toda instalación pública. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, ya se había negado en agosto a desocupar liceos porque implicaba la intervención de la Policía contra los jóvenes. Y la directora de Secundaria, Celsa Puente, señaló que desalojar a estudiantes incursos en una ilicitud va contra los principios de la educación.
Ambos argumentos carecen de fundamento. El decreto, que tiene fuerza legal, ha sido aplicado en múltiples casos desde su aprobación después de que una turba desordenada tomara el edificio de la Suprema Corte de Justicia en protesta por el traslado de la jueza Mariana Mota del fuero penal al civil. A veces la Policía intervino en forma directa. En otras oportunidades bastó el anuncio de la llegada policial para que los ocupantes abandonaran el lugar. El decreto se cumplió de una u otra forma en todos los casos, incluyendo varias instancias recientes durante la ola de conflictividad sindical en torno al Presupuesto.
Ha sido diferente la actitud oficial en este caso con los estudiantes de Secundaria, que respaldan los reclamos que los sindicatos docentes de mayores partidas y mejores salarios para la educación pública. Conlleva tolerar una acto ilegal, ya que el decreto no discrimina entre la condición de quienes ocupan sino que establece la prohibición en forma global y en todos los casos. El argumento de que no se trata de adultos sino de adolescentes es improcedente. Si jóvenes de la misma edad son recluidos bajo condena cuando violan la ley al cometer delitos penales, nada justifica aplicar un criterio diferente cuando se vulnera una disposición legal, aunque se trate de infracciones menos graves.
Las ocupaciones son desde hace años una pesadilla para la vida ordenada del país, desde que el Frente Amplio las validó como extensión del derecho de huelga. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) dictaminó hace años que solo son permisibles cuando cumplen dos requisitos. Uno es el acceso irrestricto de los dueños de las instalaciones. El otro es que se permita la libre concurrencia al trabajo del personal que no está de acuerdo con la medida. Pero los piquetes de huelguistas, muchas veces con violencia, lo han impedido reiteradamente.
Ahora no fue necesario llegar a extremos, ya que el ministro Bonomi y quien preside el Consejo de Secundaria adelantaron su benevolencia con los estudiantes que tomaron el Codicen, al precio de incumplir una norma legal que se ha aplicado en todo otro caso, como corresponde. Los principios de la educación, alegados por Celsa Puente, se basan en educar en forma eficiente, obligación en la que ciertamente está omisa la estructura de la enseñanza pública. Ningún principio establece que deben tolerarse infracciones, menos aun una tan seria como ocupar la sede central del sistema. En un estado de derecho las normas legales son iguales para todos, principio que debería encabezar la lista que menciona la dirección de Secundaria. Si somos incapaces de enseñar a cumplir la ley, de poco valdrá todo lo demás.
