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Con los votos del oficialismo, el Senado aprobó ayer el proyecto de ley que abre la opción de desafiliarse de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP). En la instancia parlamentaria, la oposición criticó la legislación al afirmar que genera incertidumbre y no asegura una buena jubilación para quien opte por cambiarse definitivamente al Banco de Previsión Social (BPS).

El proyecto pasará ahora a Diputados y está previsto que se someta a votación hoy. La aprobación o no del texto, enviado este mes al Parlamento por el Poder Ejecutivo, no debe sobrepasar la fecha del 26 de octubre cuando comience el año preelectoral, para no inhibir la cláusula constitucional que impide aprobar normas presupuestales en año electoral. La oposición asegura que tratar este tipo de ley en los próximos meses no violaría la Constitución –porque no se vota presupuesto ni cargos ni aumentos de sueldos–, por lo que pide más tiempo para su discusión. De cualquier forma no rechazó de plano el proyecto e incluso apoya los dos primeros artículos, por los cuales el Ejecutivo propone que aquellos que contaran con 40 años o más al 1° de abril de 1996 y que optaron voluntariamente por el régimen mixto –AFAP y BPS–, podrán dejar sin efecto dicha opción.

En concreto, blancos y colorados cuestionan la consulta y asesoramiento que se abre para los habilitados e interesados en salirse de las AFAP, y la edad que posibilita para tomar tal decisión: entre los 40 y 50 años. El asesoramiento es obligatorio y no es vinculante. Según la oposición, esto genera incertidumbre y dudas. “No van a dar por escrito (cuánto va a cobrar al momento de jubilación). Porque el BPS no está en condiciones de darlo por los avatares de la economía y no sabe el monto exacto con la que una persona se va a jubilar; además, tenemos que el BPS es juez y parte del asunto”, aseveró el senador nacionalista, Francisco Gallinal.

La oposición rechaza el piso por el cual se puede acceder a la desafiliación de las AFAP, porque un trabajador con 40 años aún cuenta por delante con 20 o más años más como tal. Por eso solicitan que el trámite deba realizarse a partir de los 50. “Es mucho tiempo e incertidumbre para el trabajador. Hoy no se tiene todos los elementos de juicio y hay que tener en cuenta que la decisión es irrevocable”, dijo el senador colorado, Ope Pasquet.

En ese aspecto, la cámara de Senadores modificó ayer el artículo 9 del proyecto de ley que habilita a una segunda opción de entrevista para ser asesorado si, justificadamente, falta a la primera citación.

Gonzalo Falcone, gerente general de Sura AFAP, segunda administradora del país con el 25% del mercado, dijo a El Observador que, según su base de datos, hay alrededor de 27.000 trabajadores de entre 40 y 50 años con baja densidad de cotización y que solo han aportado el 25% del tiempo trabajado, en general, por ir y venir de la informalidad a la formalidad. Esos, indicó Falcone, quedarían por fuera y solo cobrando pensión a la vejez si se pasan al BPS en exclusiva al no llegar con los años debidos para jubilarse.

El legislador Pasquet, en tanto, detalló que las personas que podría optar para salirse de las AFAP superan las 800.000, de las cuales “quedarían inmediatamente habilitados” unos 317.000 trabajadores. “Esto va a producir aglomeraciones frente al BPS”.

La macroeconomía a salvo

La semana pasada, durante la discusión en comisión, el director de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Andrés Masoller, rechazó que tal cantidad de personas estén disponibles para desafiliarse, ni serán tantas las que elijan cada año tomar ese camino. Agregó que, desde el punto de vista macroeconómico, el proyecto de ley no representa riesgos.

De acuerdo a los números que maneja el MEF, hay alrededor de 260.000 trabajadores que en la actualidad tienen más de 40 años y estarían en condiciones de ejercer la opción de dejar las AFAP. Ese número representaría un monto de fondos acumulados de las AFAP de alrededor de US$ 1.000 millones. “Obviamente, nadie entiende que este sea el escenario real porque seguramente un porcentaje muy reducido de trabajadores –me animaría a decir menos del 10%– sea el que haga uso de esta opción”, dijo Masoller. Según ese cálculo, el número potencial de interesados en abandonar el régimen mixto sería de 30.000 personas.

Masoller especificó, además, que desde el punto de vista macroeconómico no ven problema porque el fondo previsional es “suficientemente grande”. El jerarca dijo que el volumen de fondos que manejan las AFAP representa el 20% del PIB, “es decir, alrededor de US$ 10.000 millones”. También, el nuevo proyecto prevé la creación de un subfondo para los que estén próximos a la edad de jubilarse. Con ese dinero las compañías administradoras podrán hacer inversiones aunque de menor riesgo que otras, a los efectos de asegurarles a sus socios una mayor protección de vaivenes internacionales o de la economía local.
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