Si alguien tenía alguna esperanza de que la actividad sindical se iba a ceñir a la defensa de salarios, empleos y condiciones de trabajo, puede dejarla en la puerta de su casa. O donde le resulte más conveniente para algo en desuso.
Lo ocurrido en las últimas semanas en ANCAP y en OSE es sumamente preocupante y apunta a una acción sindical desbordada de sus parámetros naturales e incluso a veces por fuera de lo que hasta ahora eran las reglas del juego.
El episodio de OSE, en el cual el sindicato de la empresa puso bombas de humo el día 13 de junio cuando se reunía el directorio para seguir adelante con el proyecto Neptuno (la planta potabilizadora de Arazatí) es notoriamente grave, más allá de si hubo o no heridos por el hecho (según OSE hubo que atender a un mujer embarazada y a una persona por problemas de visión).
El derecho de manifestarse está amparado por la constitución. Pero ese derecho no autoriza a realizar actos vandálicos y menos cuando se trata de impedir el funcionamiento de autoridades legítimamente constituidas como el directorio de OSE. Puede resultar quizá excesiva la comparación del subsecretario de Medio Ambiente Gerardo Amarilla al señalar que la acción del sindicato es semejante a "dar un golpe de Estado y cerrar el Parlamento". Pero tiene razón cuando espera que se apliquen las máximas “consecuencias, porque también es un tema de respeto a las instituciones. Estoy de acuerdo con la participación popular, ciudadana, sociedad civil, sindicatos y todas las actividades que pueden cumplir", pero estas "no pueden sustituir la voluntad de la ciudadanía que eligió gobernantes y que eligió autoridades y que se designan por parte del presidente de la República". Y menos cuando ello se hace de forma violenta ya que una bomba de humo puede causar daño en personas o edificios. Y aunque no lo cause, es una forma de violencia totalmente inapropiada de un estado de derecho.
Lo más dramático es que varios actores del FA están más preocupados por la exposición pública del hecho a través de redes sociales que por el hecho en si. Al presidente del sindicato de OSE Federico Kreimerman “le asombró ver el video en los medios” ya que “no deberían salir pruebas a medios de prensa, no da garantías”. Dice el sindicato que las obras de Neptuno, al ser hechas por un privado, las va a pagar el pueblo y propone que las haga el “estado”. Pero si las hace el estado, ¿quién lo va a pagar sino todos los contribuyentes? Pensar que el “estado” es un ente ajeno a nosotros en una falsedad total y una noción muy dañina para tomar decisiones.
Al director del FA en OSE Edgardo Ortuño le pareció un “error” lo de la bomba pero añadió que “una actividad sindical legítima que no provoca daños no es delito”. Y para el presidente del FA, Fernando Pereira, “las pruebas no tendrían que ser públicas” aunque dijo estar en contra de la pirotecnia. “Si fuera por mí, tampoco llevaría una bomba de humo. Pero no tiene nada de peligroso, uno la ve en los estadios”.
En este mundo que todo se filma desde un celular o una cámara de video vigilancia y se viraliza rápidamente a través de las redes, para bien o para mal, ¿a alguien le puede asombrar que se haya filmado un acto tan fuera de lo normal de prender una bomba de humo en un edificio público y con el fin de perturbar el acto de apertura de las ofertas para el proyecto Neptuno?.
Hoy se filma todo. Hay que actuar bajo esa premisa. Y lo que llama la atención se viraliza. Y por suerte llama la atención una bomba de humo. Por suerte. Lo que está claro que el sindicato de OSE, que ya impulsó el plebiscito de reforma constitucional para expulsar todo lo “privado” del mundo del agua, va con todo contra un proyecto que es necesario para el país. Hoy es una bomba de humo en el edificio, mañana cuando comiencen las obras de la planta potabilizadora ¿qué podrá ser?
Y otra cosa: ¿de veras creen que no se puede divulgar porque es una “prueba”? Más que “prueba” es un “hecho” público, que mucha gente presenció. Pruebas pedirá el fiscal si decide investigar el hecho.
Como público fue también el hecho del “apriete” de miembros del SUNCA en la parada 33 de Pinares a un grupo de trabajadores que estaban en la obra. Un caso muy claro de violación de la libertad sindical negativa (Derecho a no adherir a una medida de huelga). Y por supuesto que alguien filmó y se viralizó a los medios.
Lo que no se ha podido filmar son los graves paros que están ocurriendo en ANCAP con motivo de trancar la licitación que busca un inversor privado. Otra vez la palabra demonizada -“privado”- se pone en camino de los sindicatos públicos. Aunque sea un inversor que permita revertir pérdidas de dos décadas en una actividad en la que otras empresas privadas generan ganancias.
Las pérdidas permanentes de una planta no genera preocupación alguna al sindicato de ANCAP. Igual, los funcionarios tienen asegurada de por vida estabilidad de puesto y salario. Que sea el contribuyente quien tenga que pagar esto a nadie le preocupa, pero sí preocupa que venga un privado. Es algo insólito. Pero ya es sabido: por hacer algo te pueden criticar, por no hacer nada, nadie te critica (salvo que venga una sequía y te deje al descubierto, y aún así no aceptes tu responsabilidad). Es más fácil oponerse que proponer soluciones. Y en cualquier caso, es más fácil aún tirar alguna bomba de humo y echarle la culpa a las redes sociales y a los medios de comunicación.
