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El presidente Nicolás Maduro se mantiene impávido en medio del derrumbe que lo rodea, agravado por denuncias de que el número dos de su gobierno se ha convertido en zar del narcotráfico y lavado de dinero. La actitud del patético presidente es previsible en un régimen del más descarado autoritarismo. Pero es tan incomprensible como censurable el silencio de gobiernos de la región que se llenan la boca con proclamas de defensa de los derechos humanos, pero se hacen los desentendidos ante las crecientes violaciones del chavismo en ese campo, evidentes en los asesinatos a mansalva de decenas de manifestantes y el encarcelamiento y maltrato de líderes opositores.

Leopoldo López y Daniel Zeballos son las figuras más prominentes entre las 11 personas que se han declarado en huelga de hambre, en la esperanza, hasta ahora desoída, de que los gobiernos más serios de la región presionen a Maduro y, de ser necesario, lleven sus casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. López, preso desde febrero del año pasado, comparte con Humberto Capriles el liderazgo de la oposición. Y Zeballos, exalcalde caraqueño sacado de su casa a los golpes en marzo de 2014, ya cumplió la pena de un año que se le había impuesto por desacato. Pero no solo sigue arrestado sino que ha sido trasladado de una cárcel militar a un penal de delincuentes comunes.

Todas las fuerzas opositoras exigen en vano la libertad de los presos políticos, a quienes Maduro acusa, sin mostrar prueba alguna, de fomentar rebeliones para derrocarlo y hasta asesinarlo. Demandan también que se confirme y fije fecha a las elecciones legislativas. Están previstas para este año, pero el derrumbe de la popularidad de Maduro parece inducirlo a tratar de postergarlas, para no arriesgarse a perder su actual control del Parlamento. Además de los desmanes políticos, inciden en el creciente desprestigio del régimen la pavorosa crisis económica por ineficiencia de gestión y una corrupción rampante.

Los venezolanos sufren escasez o carencia total de alimentos y otros artículos de primera necesidad, agobiados por una inflación del 60%.

Y otro duro golpe al chavismo ha sido la denuncia de que la fiscalía federal de Estados Unidos y la DEA, su agencia de lucha al narcotráfico, investigan a Diosdado Cabello, presidente del Parlamento y número dos del gobierno, por considerarlo líder de una organización de altos jerarcas que han "convertido al país en un centro global de tráfico de cocaína y lavado de dinero", según informó un diario de la seriedad del Wall Street Journal. Este cartel estaría operando en Venezuela desde que la represión del gobierno colombiano redujo el tráfico de la droga en ese país.

En la crisis económica y las denuncias contra Cabello los demás países tiene poco campo para intervenir. Pero las flagrantes violaciones chavistas a los derechos humanos, propulsadas al primer plano por la huelga de hambre de figuras de la oposición, exigen que se pronuncien enérgicamente y actúen los gobiernos de la región que hasta ahora mantienen un tolerante silencio culposo. Si no toman este camino, estarán renegando de su propia profesión de ser protectores de esos derechos primordiales de todo ser humano. l

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