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La Suprema Corte de Justicia reclamó este lunes en el Parlamento que el Poder Ejecutivo no prevé ni "un solo peso" para el Poder Judicial en el proyecto de Ley de Presupuesto. Durante la comparecencia de las autoridades judiciales ante la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados los ministros de la SCJ también advirtieron que nadie del equipo económico los contacto para planificar la norma.

"Por primera vez en un Presupuesto el inciso 16 del Poder Judicial no figura. No existe ninguna norma que haya previsto el Poder Ejecutivo para nosotros y vinimos a defender el presupuesto de la Suprema Corte de Justicia que consta de 66 artículos y hacer hincapié en las prioridades del Poder Judicial, por ejemplo el centro de Justicia de Maldonado que es para toda la justicia penal que tiene dos módulos que no se van a poder realizar salvo que este Parlamento encuentre recursos", dijo en conferencia de prensa el presidente de la SCJ, Jorge Chediak.

El ministro Ricardo Pérez Manrique afirmó que "el Poder Judicial no tiene asignado un solo peso en el proyecto de Presupuesto del Poder Ejecutivo".

El magistrado señaló que en la actualidad el Poder Judicial recibe una cifra equivalente al 1,20% del total de la asignación del presupuesto estatal pero que sin nuevos incrementos a finalizar el quinquenio lo adjudicado será de 0,80% del global.

Los integrantes de la corporación fueron enfáticos en señalar que ese porcentaje es menor al que disponían tras la crisis de 2002.

Los judiciales y el gobierno mantienen una disputa por el incremento salarial que determinó la ley de Presupuesto aprobada en 2010. Al querer cambiar el salario de los ministros de Estado, el gobierno de José Mujica (2010-2015) modificó un sistema que funciona enganchado desde ministros de la SCJ para abajo en todos los escalafones judiciales.

En medio de la polémica el Parlamento aprobó un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para otorgar un aumento de 8% a los judiciales, algo que dista mucho del 26% reclamado por funcionarios judiciales y del 21,6% que planteó la Suprema Corte de Justicia. El asunto está en manos de la corporación, que se integra con jueces que no se sumaron al reclamo para resolver sobre la constitucionalidad de esa norma.
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