Suprema Corte deja en suspenso el cierre de 20 juzgados en el interior y quiere negociar con el gobierno

Es que la supresión de esas sedes perseguía el objetivo de "optimizar los recursos humanos, materiales y presupuestales existentes". La marcha atrás con la decisión se fundamentó en la "existencia de posturas publicitadas por diferentes actores institucionales". Así, el Poder Judicial dialogará con el gobierno y el Parlamento en procura de obtener los "recursos indispensables" para el funcionamiento de esas sedes en cuestión.

Los 20 juzgados que la Suprema Corte quería suprimir están ubicados en los departamentos de Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Florida, Lavalleja, Maldonado, Rivera, Rocha, San José, Soriano y Treinta y Tres. El anuncio había generado una dura reacción a nivel político e institucional.

El Colegio de Abogados del Uruguay planteó públicamente su sorpresa ante el anuncio y le pidió a la Corte que fundamentara su decisión sobre una medida que iría a generar un "fuerte impacto" sobre la profesión y sobre "el acceso a la Justicia".

El rechazo a la medida también alcanzó a la bancada de gobierno. El diputado nacionalista Diego Etcheverría resolvió citar a los ministros de la Suprema Corte al Parlamento.

"Entendemos que eso sería un retroceso para el funcionamiento de la Justicia en el Departamento, complicando a los profesionales, funcionarios y a los usuarios", manifestó el legislador. "El acceso a la Justicia es garantía para la protección de derechos y acciones como estas atentan directamente contra esa finalidad", agregó.

El senador Sergio Botana también había criticado duramente a la Suprema Corte. "Quienes toman estas decisiones no están en el Uruguay (...). No entienden lo importante que es la existencia de juzgados de Paz en el interior del país", afirmó.

"Se trata de una solución carísima, centralista e ignorante del país, de la producción, del trabajo y de la gente que tiene que estar lejos de la centralidad que ven todos los días", concluyó.