John Marshall, el padre del derecho constitucional estadounidense, solía decir que para declarar una ley inconstitucional, “el magistrado debe tener una fuerte y clara convicción de su incompatibilidad” con el texto de la carta magna.
No parecen haber tenido esa convicción la mayoría de los jueces de la Suprema Corte de Estados Unidos cuando el pasado jueves votaron cinco a cuatro por la constitucionalidad de la reforma de salud de Barack Obama, en una sentencia que podría convertir a la norma en uno de los principales legados de su presidencia y que, por lo pronto, le ha granjeado una importante victoria política a escasos cuatro meses de la elección.
Desde que la ley fuera promulgada por Obama en marzo de 2010, después de una votación dividida a lo largo de líneas partidarias en el Capitolio, el plan de salud del presidente había sido objeto de un acalorado debate entre los estadounidenses, también a partir de su orientación ideológica o preferencias políticas.
En general, los conservadores lo han rechazado en redondo por considerarlo una medida intervencionista y socializante, a la que despectivamente llaman Obamacare. Mientras que los liberales –ahora llamados progresistas– lo apoyan en el entendido de que subsanará los enormes problemas de cobertura que tiene el país, con 45 millones de personas sin acceso a un seguro médico.
Aunque algunas provisiones de la ley (como la que prohíbe a las compañías aseguradoras negar cobertura por enfermedades contraídas previo a la adquisición del seguro y la que extiende la cobertura de los padres a sus hijos menores) han gozado de amplia popularidad independientemente de las orientaciones políticas de cada quien.
Pero su cláusula más polémica, la que obliga a todos los ciudadanos a adquirir un seguro de salud o pagar una multa, conocida como “el mandato individual”, es rechazada también por una amplia mayoría más allá de preferencias políticas. Y es lo que ha estado en el centro del debate desde su aprobación.
En general, la imposición es vista como una violación a las libertades individuales. La mayoría de los estados, varias organizaciones e individuos particulares iniciaron entonces acciones legales impugnando su constitucionalidad; y fue así que todo terminó en los estrados de la Suprema Corte la semana pasada.
La polarización que se dio en los días previos al fallo de la Corte, y que luego de este ha recrudecido, no se vivía en Estados Unidos desde que Bill Clinton presentara su propia reforma de salud en 1993, para garantizar a los estadounidenses cobertura universal.
Aquel plan había sido diseñado con gran expectativa por la entonces primera dama Hillary Clinton; pero pronto sufrió una estrepitosa derrota a manos de los republicanos en el Senado, lo que les costó a los Clinton su momento político más aciago y su mayor caída en la popularidad.
Estaba claro, pues, que el tema generaba la más profunda división en una sociedad donde unos son acérrimos defensores del mercado y la libre empresa con el menor Estado posible, y otros abogan con la misma enjundia por un Estado de bienestar donde el gobierno garantice las necesidades básicas de los sectores más desprotegidos.
Al mismo tiempo, aunque los magistrados de la Suprema Corte no tienen filiación política, todos ellos son tradicionalmente conocidos por sus inclinaciones conservadoras o liberales en sus fallos, y sobre todo en función de sus nombramientos.
Así, la máxima instancia judicial, que se erigió como última autoridad en materia constitucional a partir del principio de revisión judicial introducido por Marshall en el caso Marbury vs Madison (un hito de la separación de poderes), ha sido decisiva en varios casos con fuerte carga ideológica, y que han sentado jurisprudencia en un sistema de precedentes.
El derecho al aborto, surgido a partir del emblemático caso Roe vs Wade de 1973, y la decisión que otorgó la victoria a George W. Bush sobre Al Gore en las elecciones de 2000 son solo dos de ellos.
Por eso, en este caso del Obamacare se juntaron esos dos andariveles (reforma de salud y Suprema Corte), por donde el pensamiento político estadounidense ha corrido todos estos años con fuertes enconos y perennes enfrentamientos.
Tanto que muchos republicanos dicen ahora haber sido traicionados por el presidente de la Suprema Corte, John Roberts, un magistrado conservador que había sido nombrado por George W. Bush y que el jueves inclinó la balanza en favor del plan de Obama. Fue su voto el que terminó salvando la ley en su conjunto, incluido el polémico mandato individual.
Sin embargo, el argumento que redactó en la sentencia para sostenerlo difiere del de Obama. De acuerdo con el texto del fallo, el Congreso no puede obligar a los ciudadanos a adquirir un seguro médico. Pero reconoce el derecho del Legislativo a imponer una multa a todos aquellos que no lo hagan, ya que la multa puede ser calificada como un impuesto, resorte exclusivo del Congreso. Extraña interpretación, pero fue la que en definitiva determinó que el plan de Obama fuera avalado por una corte de mayoría conservadora.
Así, las aguas han quedado divididas. Y una campaña que se había tornado un tanto aburrida en las últimas semanas, en las que Obama y el candidato republicano, Mitt Romney, solo se acusaban mutuamente de estar “desconectados” con la sociedad, se ha reavivado con la vieja disyuntiva izquierda-derecha.
Todavía no está dicha la última palabra en cuanto a si el fallo de la Corte habrá de beneficiar definitivamente a Obama de cara a los comicios. Y Romney ha enfilado ahora sus baterías contra el Obamacare para convertirlo en tema central de su campaña. Además de que el comportamiento de la economía en esta recta final de la contienda será lo que seguramente más definirá su suerte.
Pero por lo pronto es una victoria que innegablemente ha reafirmado la figura de Obama y lo ha rodeado de un halo de vencedor importante, a las puertas de la convenciones de ambos partidos y el inicio de la cuenta regresiva rumbo al 6 de noviembre.