Toma tuvo "contradicciones" y una "inconsistencia", según investigación administrativa

Siguiendo lo recomendado en las conclusiones de la investigación, el presidente Luis Lacalle Pou decidió sumariar a Toma –que actualmente se desempeña como fiscal de Gobierno–, por lo que será separado preventivamente del cargo por seis meses.

Toma viajó en julio y diciembre del año pasado a Italia con Giuliana Pérez Muñiz, funcionaria de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft). También lo hizo en cuatro instancias a Washington –entre setiembre de 2019 y febrero de este año–, para participar en el juicio que Aratirí realizó al Estado uruguayo, y que la compañía internacional perdió.

Sin embargo, "no surgió acreditada la autorización previa del presidente de la República o la justificación debida correspondiente cuando asistía más de una persona a una misión y el motivo por el cual no podían llevar a cabo dicha misión los funcionarios del Servicio Exterior que prestan funciones en el lugar donde habría de realizarse la misma", dice en el punto III de las conclusiones de la resolución que instruye el sumario, y que está disponible en la página web de Presidencia. 

La normativa establece que cuando una delegación que viaja al exterior en representación del gobierno está integrada por más de una persona, además de la firma del primer mandatario se necesita la autorización del secretario de la Presidencia, pero en este caso tampoco se cumplió con ese formalismo ya que el jefe de la misión era el propio Toma, quien declaró en respuesta a estas observaciones que la integración de las delegaciones eran dispuestas por él.

La investigación del instructor Ariel Sánchez constató incluso que por lo menos tres de esos viajes realizados "no tuvieron la autorización previa del presidente de la República, tal como dispone la normativa vigente, siendo observados por el Tribunal de Cuentas, procediéndose a la reiteración del gasto", y que Toma no logró que quedara "ni medianamente acreditada la idoneidad –desde el punto de vista técnico– para el objeto de la misión de los integrantes de la comitivas".

Además, la indagatoria encontró que el exsecretario de Presidencia tampoco tuvo argumentos para fundamentar la inclusión de Pérez en "la confianza en haras de la confidencialidad", ya que el vínculo del exjerarca "databa de pocos meses y a través de recomendaciones de un estudio jurídico".

Contradicciones con lo declarado en la Jutep

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) llegó a investigar el caso, pero fue archivado en enero por el directorio anterior, que estaba integrado por el presidente Ricardo Gil Iribarne, el vicepresidente Daniel Borrelli y la vocal Matilde Rodríguez. El 9 de ese mes, Borrelli y Rodríguez dispusieron el archivo, en ausencia de Gil Iribarne que se encontraba de licencia –y quien luego se opuso a la decisión tomada por sus compañeros.

En los descargos que hizo Toma en diciembre de 2019 ante la Jutep –cuyo directorio actual reabrió la indagatoria–, estableció que el equipo que viajó a Italia tenía el rol de asumir "la defensa del Estado uruguayo ante la Justicia italiana". Dijo que el equipo de trabajo estaba integrado por un escribano que ofició "como técnico de contralor de toda la documentación que se aporta a las autoridades italianas" y por Pérez, quien se desempeñó "como Asesor en Daños Civiles, derivados de delitos penales". Además, declaró que la contadora aportó ideas durante el litigio internacional, y que además tenía la tarea de investigar "la ruta de dineros que podrían estar financiando a los investigados, en el marco del Plan Cóndor".

Pero la resolución de Presidencia estableció que el fiscal de Gobierno recayó ahora en "una clara contradicción" y una "clara inconsistencia", lo que para el Poder Ejecutivo son "inconductas" graves.

 "La integrante de la comitiva, la contadora Pérez, cumplió funciones meramente de asistencia al entonces secretario de la Presidencia en sus viajes", dice la resolución disponible online. "Este extremo se extiende además a otros profesionales que integraron las misiones oficiales y que declararon su rol de asistentes personales en los viajes, a diferencia de lo que se expresó ante la Jutep", añadió.

En definitiva, fueron "varias (las) contradicciones entre lo declarado ante la Jutep y lo declarado en la instrucción de esta investigación administrativa respecto de los mismos hechos", dice a continuación la resolución, y reitera: "(Toma) sostuvo que la motivación de la designación de los integrantes de la comitiva que lo acompañó en cada misión era por razones profesionales y de confidencialidad, y las otras personas coincidieron que se trataron de meros asistentes administrativos".