Nacional > pidió la revocación
Toma sobre sumario: persecución y "mediatización inmisericorde"
El exsecretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, calificó la investigación que realiza el Poder Ejecutivo sobre los viajes que hizo mientras ocupó ese cargo, en el gobierno pasado, como "un penoso asunto", afirmó que se le negó el derecho de defensa y el debido proceso, que el presidente Luis Lacalle Pou prejuzgó y retrasmitió el caso por los medios, lo que le generó un "sufrimiento intenso". Por ultimo, expresó que la acusación sobre los viajes es "absurda" y que se le debería agradecer por su tarea, gracias a la cual el Estado ganó todos los juicios internacionales en los que se le requirió actuar.
El 18 de setiembre el gobierno inició una investigación administrativa por presuntos irregularidades en misiones oficiales que llevó a cabo de secretario de la Presidencia, después de que el programa Así nos va de Radio Carve divulgara información sobre los viajes de Toma acompañado de una contadora de la Secretaría Antilavado recién recibida, en misiones oficiales a Washington DC, durante el juicio de la minera Aratirí al Estado uruguayo, y a Roma, durante el juicio del Plan Cóndor. El Ejecutivo actuó puesto que Toma volvió al cargo de fiscal de Gobierno que había dejado en reserva mientras acompañó a Tabaré Vázquez en su administración.
Días atrás Lacalle Pou decidió iniciar un sumario a Toma con separación del cargo, decisión que ahora Toma recurrió, representado por el experto en Derecho Administrativo, Daniel Ochs.
El escrito presentado, al que accedió El Observador, fundamentó el recurso de revocación en que se le negó el derecho a defenderse y a un proceso garantista "honrándose la tradición liberal de la República abiertamente desconocida en este penoso asunto".
Además, argumentó que el presidente Lacalle Pou "se refirió en diversos medios al caso, exponiendo un juicio valorativo adverso sobre el doctor Toma". "Se afirmó que para destituir al doctor Toma se requiere una investigación, lo que comporta una confesión de que en el ocurrente el procedimiento es pura forma (ritual vacío) y que la decisión fue tomada ex ante", escribió.
Según se informa en el escrito, ante esos juicios negativos, Toma recusó al mandatario pidiendo que se apartara por haber prejuzgado. "Como nada se ha hecho, a más de dos meses de formulada la petición de apartamiento, y el agente recusado ha firmado la resolución impugnada, es palmario el vicio que contamina de insanable nulidad lo decidido, por intervención de un agente sospechado cuya imparcialidad la administración omite investigar".
Toma y su abogado plantearon que la investigación "fue retrasmitida en directo a los medios" y se filtró información, lo que puede constituir delito. Además, Ochs señaló que esa actitud ocasionó "un sufrimiento intenso del Dr. Toma pero, lo más importante, su familia devastada por esa mediatización inmisericorde".
Error jurídico
Ochs planteó también que el Poder Ejecutivo (actual) no fue el que designó a Toma en el cargo de secretario de la Presidencia por lo que incurrió en un error al "arrogarse atribuciones correctivo-disciplinarios" sobre el funcionario. Por eso expresó que la decisión de sumariarlo "es una medida abiertamente desencaminada".
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El experto en Derecho Administrativo agregó que el Poder Ejecutivo puede ejercer la potestad disciplinaria "exclusivamente en relación a actos hechos u omisiones punibles en ocasión de ejercer -el agente- un cargo del Ejecutivo. Jamás en relación a conductas presuntivamente irregulares ocurridas en ocasión del ejercicio de un cargo ajeno a dicha estructura".
"Los funcionarios públicos no son perseguibles por sus ideas políticas o filiaciones partidarias, y la disciplina administrativa se puede hacer ejercer válidamente sólo por conductas serviciales. Y con semejante impostura del Ejecutivo todos, como comunidad, corremos el riesgo que se instale una “mala dinámica” antropofágica (propia de otros países de la región con sistemas democráticos deficitarios donde la relación entre el oficialismo y la oposición se ha degradado) donde el lema ganancioso de la contienda electoral cree adquirir – tras esa victoria en las urnas- el derecho a perseguir y destruir a los funcionarios del gobierno anterior", escribió Ochs.
Los viajes: "imputación absurda"
Sobre el tema por el que se lo investiga su abogado afirmó que se trata de una "imputación completamente absurda" y agregó que las misiones oficiales le fueron encomendadas por el Poder Ejecutivo, y no decididas desde la Secretaría de la Presidencia.
Además se destacó el resultado de esas actuaciones ya que fue el encargado de "diseñar la estrategia y supervisar los equipos de actuación en cinco juicios arbitrales que tuvo el Uruguay como parte demandada, en los que se le demandaron unos US$ 5.000 millones". Se mencionó expresamente que ellos son: la demanda de Philip Morris, la demanda de Italba Corporation , la demanda de Conecta S.A., la demanda de Montevideo Gas; la demanda de Aratirí y el reclamo ante la Justicia de la República de Italia, como parte civil damnificada por delitos de lesa humanidad perpetrados por militares en la pasada dictadura.
A juicio de su abogado "el frío e indubitable resultado luce ahora abrumador y exhibe con limpia claridad la impostura de la administración en este caso. El Uruguay ganó todos los juicios referidos supra y obtuvo la irrogación de una condena por cadena perpetua para los violadores de derechos humanos".
"Frente a este categórico resultado lo que mínimamente cabría esperar es (si no se quiere expresar públicamente el agradecimiento que todos los uruguayos deben al doctor Toma por su destacada actuación en esos procesos) que no se le moleste, denueste y persiga", concluyó Ochs.
