Trabajos nacimiento del CPP
Con la puesta en marcha del nuevo código, Uruguay sale de un área de atraso
Con la introducción del nuevo
Código del Proceso Penal (CPP), luego de casi una década de gestación, Uruguay sale de una de las áreas de atraso que lo aquejan. Como en todo nacimiento trabajoso, se anticipan dificultades iniciales. Pese a las providencias tomadas, habrá errores y otros traspiés generados por el drástico salto repentino de un sistema penal arcaico, heredado en el siglo XIX del medioevo español, a uno con mayores garantías de justicia equilibrada. Tanto el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, como el fiscal de Corte, José Díaz, admitieron tropezones que se irán corrigiendo sobre la marcha.
Lo importante es que el CPP empiece a andar, aunque sea con alguna renguera, después de tantas demoras desde que se inició su redacción en la década pasada. Trabajando contra reloj, el Parlamento terminó de aprobar a último momento decenas de cambios al texto, incluyendo acompasar a los delincuentes menores de edad. El complejo entramado del CPP ha incluido la designación de decenas de nuevos jueces y
fiscales, su entrenamiento bajo las nuevas normas, junto con el de abogados y funcionarios, y la habilitación de salas para que el público pueda asistir a las audiencias, temas que en muchos casos no estarán adecuadamente aceitados desde el comienzo. Otros inconvenientes incluyen la existencia de unos 20 mil expedientes abiertos antes del 31 de octubre que tendrán que ser definidos por el código anterior por un cuerpo de magistrados asignado
especialmente a esa tarea.
Pero las ventajas del cambio superan largamente a los inconvenientes. En vez del enredado papeleo actual, los juicios serán orales y públicos, más ágiles y con clara separación del papel de los fiscales para investigar, de los abogados defensores y de los jueces para dictar sentencia, todo en plazos más breves. Habrá menos recurso a la prisión preventiva, que actualmente actúa como una condena preventiva antes de que se dicte sentencia, frecuentemente años después del encarcelamiento de un procesado. Y Uruguay abandona el deshonroso lugar que ha ocupado como único país de la región en regirse por el viejo sistema inquisitorio español.
Fiel a acendradas prácticas sindicales, sin embargo, el CPP entra en vigencia con un paro de un día de los 3.600 funcionarios judiciales y la amenaza de extenderlo por tiempo indeterminado. Tienen razón en exigir que el Estado les pague unos US$ 70 millones que les adeuda desde 2012, debido a otro de los muchos errores que la administración Mujica legó al gobierno actual. Para evitar cumplir esa obligación el gobierno recurrió al artículo 15 del último Presupuesto, que lo faculta a diferir pagos sin plazo, que es fundadamente cuestionado por inconstitucional. Pero es inoportuno el momento elegido por los funcionarios porque dilata con otro obstáculo el pronto funcionamiento ordenado del nuevo sistema.
De todos modos, la vigencia del CPP empieza a solucionar uno de los problemas que conforman el atraso uruguayo. Quedan todavía por delante, entre otros muchos temas, la todavía incierta mejora de la estructura ferroviaria, vial y portuaria para asegurar la nueva planta de celulosa de UPM y, especialmente, encarar la indispensable reforma de la
educación pública, la gravísima claudicación mayor de los tres gobiernos del Frente Amplio.
