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La decisión de Estados Unidos de terminar con el denominado Estatuto de Protección Temporaria (TPS) para alrededor de 200.000 salvadoreños, que tendrán un período de 18 meses para regularizar su estadía o abandonar el país, es una nueva muestra de que la inmigración ha sido una de las principales preocupaciones del presidente republicano Donald Trump.

daca protestas
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Y en ese sentido, desde que asumió el 20 de enero de 2017, no mostró ningún empacho en combatirla, ya fuese a través de su controvertido anuncio de construir un muro en la frontera con México, su decisión de limitar la entrada al país de ciudadanos provenientes de siete países musulmanes o la derogación en setiembre del programa DACA, que impide la deportación de los denominados "dreamers" o soñadores, hijos de indocumentados que llegaron a EEUU siendo niños.

El Senado estadounidense, dominado por los republicanos, debatirá a partir de este mes una ley para regularizar a cientos de miles de inmigrantes ilegales llegados a Estados Unidos cuando eran niños, la mayoría provenientes de América Latina. El TPS había sido concebido durante la presidencia del republicano George Bush –entre 1989 y 1993– cuando el Congreso aprobó entonces un procedimiento para conceder, en forma extraordinaria, un permiso temporal de residencia y trabajo a ciudadanos de países afectados por guerras, epidemias o desastres naturales.

La protección a los ciudadanos salvadoreños rige desde el año 2001, como consecuencia de los huracanes que devastaron a El Salvador. El mecanismo también permitió amparar a miles de salvadoreños residentes en EEUU desde los años de 1980 y 1990 cuando debieron escapar de la guerra civil.

No obstante, este sistema de contención temporal nunca implicó que sus beneficiarios tuvieran luz verde para obtener la residencia permanente en Estados Unidos.

Pero la verdadera razón detrás de la medida es la intención de Trump y su gobierno de ajustar las clavijas a la inmigración, un asunto del que ya se había ocupado durante la campaña electoral. Por lo tanto, la decisión del gobierno, comunicada este lunes por el Departamento de Seguridad Nacional y sobre la que informó el diario The Washington Post, podría aguardarse en cualquier momento. Más aún teniendo en cuenta la dureza de la política migratoria de Trump.

Protestas en EEUU a favor del DACA
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Eso sí, setiembre de 2019 es el plazo definitivo que tendrán estos inmigrantes para mejorar su estatus –mediante la obtención de una visa a través de la obtención de un contrato de trabajo comprobado– o simplemente regresar por su cuenta a El Salvador, so pena de ser deportados.

Pero recientemente, la administración Trump ya había actuado de manera semejante con el TPS al cancelar la vigencia del programa para 59.000 inmigrantes de Haití y 5.3300 provenientes de Nicaragua.

La decisión del gobierno, que fue blanco de numerosas críticas –sobre todo de la oposición demócrata, algunos de cuyos dirigentes la caracterizaron como una medida "cruel"– acarrea además un problema asociado.

Es que la mayoría de esos inmigrantes que ahora corren el riesgo de ser deportados tuvieron hijos, por lo cual son ciudadanos estadounidenses.

El TPS había sido concebido durante la presidencia del republicano George Bush –entre 1989 y 1993– cuando el Congreso aprobó entonces un procedimiento para conceder, en forma extraordinaria, un permiso temporal de residencia y trabajo a ciudadanos de países afectados por guerras, epidemias o desastres naturales. Entonces, a diferencia de lo que sucederá con sus padres, no pueden ser expulsados del país.
El argumento de la administración parece ser una excusa perfecta: el cambio en las condiciones de vida en El Salvador respecto a la época en que ocurrieron aquellos fenómenos naturales.

Pero la verdadera razón detrás de la medida es la intención de Trump y su gobierno de ajustar las clavijas a la inmigración, un asunto del que ya se había ocupado durante la campaña electoral.

De hecho, apenas asumió hace un año buscó prohibir por decreto la llegada de inmigrantes
provenientes de países vinculados con el terrorismo (Siria, Yemen, Sudán, Somalia, Irak, Irán y Libia).

Y en setiembre pasado, anunció el fin de DACA, que comprende a unos 750.000 jóvenes.

Senado debate ley sobre dreamers


El Senado estadounidense, dominado por los republicanos, debatirá a partir de este mes una ley para regularizar a cientos de miles de inmigrantes ilegales llegados a Estados Unidos cuando eran niños, la mayoría provenientes de América Latina.

"El proyecto de ley bipartidista DACA estará en el Senado en enero", había escrito recientemente en Twitter Jeff Flake, senador por Arizona, en alusión a la iniciativa respaldada por legisladores de ambos partidos para encontrar una solución definitiva tras la derogación del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA del inglés).

Esto implica que se está logrando un acuerdo entre la mayoría republicana, la oposición demócrata y la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump había eliminado en setiembre el DACA, un estatuto legal temporal creado por su antecesor demócrata, Barack Obama, en 2012 tras el fracaso del 'DREAM Act', acrónimo de "Ley de fomento para el progreso, alivio y educación para menores extranjeros", un controvertido proyecto que no obtuvo los votos en un Congreso dominado por los republicanos.

Al derogar el DACA, Trump le dio al Congreso hasta marzo para encontrar una solución permanente para los afectados por la cancelación del programa, que actualmente beneficia a unos 690.000 jóvenes, denominados "dreamers" o soñadores, lo que les permite trabajar y estudiar sin miedo a ser deportados.

Los demócratas y muchos republicanos están a favor de regularizar a los "dreamers", como se conoce a estos jóvenes, pero los líderes de la mayoría y la Casa Blanca quieren negociar condiciones para fortalecer la lucha contra la inmigración ilegal y la seguridad fronteriza.

EN CIFRAS

263.282

Salvadoreños eran beneficiarios del TPS hacia fines de 2016, según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración.

135.000

Hogares de salvadoreños, amparados por el TPS, hay en EEUU, según el Centro de Estudios Migratoriios.

59.000

Haitianos y 5.300 nicaragûenses fueron afectados recientemente por la cancelación del TPS.
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