Un referéndum signado por la incertidumbre

¿Declaratoria secesionista, disolución del Parlamento o nueva negociación con Madrid?

A un día del referéndum de independencia previsto para este domingo en Cataluña, que fue prohibido por Madrid, la incertidumbre prevalece respecto a cómo serán los acontecimientos.

Si bien la justicia y el gobierno español calificaron la consulta como anticonstitucional, el ejecutivo separatista catalán está decidido a celebrarla contra viento y marea, y sin importar las consecuencias que ello pueda acarrear.

En ese escenario, que en los últimos días estuvo plagado de acusaciones, protestas populares, muestras de desaprobación y una tensión en constante aumento, distintos analistas coinciden en señalar que –más allá de lo que finalmente suceda– la crisis catalana no terminará el 1 de octubre.

El referéndum no tiene ningún carácter vinculante, ya que la justicia lo declaró ilegal y, junto con el gobierno español, desplegó casi todas las herramientas a su alcance para impedirlo.

En las últimas semanas, la policía interceptó millones de papeletas, y 14 altos funcionarios del gobierno catalán fueron incluso detenidos, aunque recuperarían luego su libertad.

La junta electoral designada para la oportunidad renunció y miles de policías fueron enviados a Cataluña para impedir que los colegios electorales funcionen.

No obstante, Raül Romeva, consejero regional de Exteriores, insistió esta semana en que, pese a todo, la consulta se realizará.

"Las papeletas se pueden volver a imprimir tantas veces como haga falta, el censo lo tenemos, las urnas están, los colegios electorales estarán", señaló.

Posibles disturbios

Mientras tanto, a mitad de semana, la policía regional, los Mossos d'Esquadra, había advertido sobre el potencial "riesgo" de desórdenes públicos que puede desencadenar la orden judicial de precintar los colegios electorales, y vigilarlos para que nadie vote.

Sobre ese asunto, el consejero regional catalán de Interior, Joaquim Forn, y el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, insistieron en la necesidad de preservar la "convivencia" y el orden pase lo que pase.

En caso de que la votación se concrete pese a los obstáculos interpuestos por el gobierno central, distintos analistas vaticinan un triunfo del "sí" a favor de la independencia, ya que los del "no" probablemente se quedarán en sus casas.

Si el "sí" se impone, una alternativa posible para Gabriel Colomé, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Barcelona, es que la independencia no se proclame rápidamente, como establece una ley votada en el Parlamento catalán, de mayoría secesionista.

Pero los promotores de la consulta podrían convocar movilizaciones masivas en toda Cataluña.
Pero otra alternativa, según apunta Rafael Arenas Garcia, profesor de Derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona, es que el presidente catalán Carles Puigdemont realice una declaración unilateral de independencia, frente a lo cual Madrid tendría que reaccionar de inmediato.

Una tercera posibilidad es que los separatistas no declaren la independencia y disuelvan en algún momento el Parlamento, lo que llevaría a unas elecciones anticipadas en Cataluña.

Los separatistas confían en que la tensión de los últimos años les haya hecho ganar apoyos, y les dé una mayoría más amplia en la composición de la próxima cámara, con la que podrían seguir peleando por la secesión aunque por otra vía.

En paralelo con la convocatoria a la consulta, Puigdemont ofreció negociar con Madrid, pero el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, se negó rotundamente desde un principio.

De hecho, el gobierno siempre se opuso y acorraló a las autoridades catalanes para que desistieran.

Una región próspera

Cataluña, una de las regiones más ricas de España, tiene una población de 7,5 millones de habitantes, que aporta 19% al Producto Interno Bruto del país.

Desafío sin precedentes para el Estado

¿Cómo se pudo llegar hasta aquí? Es una pregunta recurrente en España, luego que la crisis política entre los independentistas catalanes y el gobierno español llegue este domingo a su punto más crítico con la celebración de un referéndum de autodeterminación prohibido que puede sumir a España en una situación de consecuencias incalculables.

El desafío lanzado al Estado español no tiene precedente desde la frustrada intentona golpista del 23 de febrero de 1981, afirman líderes políticos españoles de izquierda y derecha.

El 6 de setiembre, los independentistas catalanes convocaron el referéndum pese a la prohibición del Tribunal Constitucional español y sin un debate real en el parlamento regional.

Desde entonces, ni las acciones judiciales ni las detenciones y registros persuadieron a los dirigentes de esta rica región del noreste de España, donde vive el 16% de los habitantes del país, de organizar el plebiscito.

Frente a la imposición de fuertes multas a sus organizadores, respondieron con una colecta de fondos entre militantes.

Cuando la policía incautó sus papeletas de voto, llamaron a los ciudadanos a imprimirlas en sus casas. Tras el cierre judicial de los sitios web del referéndum, abrieron otros en el extranjero.

Ante la demostración de fuerza de un Estado que desplegó a miles de policías hospedados en cruceros anclados en el puerto de Barcelona, los independentistas recurrieron a la burla.

Uno de los barcos fue decorado con un dibujo gigante del pájaro Piolín y el gato Silvestre: Cataluña se convierte en el pícaro canario amarillo perseguido sin éxito por el torpe felino del dibujo animado.

Sobre la independencia, los catalanes están divididos en partes casi iguales, incluso en el seno de algunas familias.

Sin embargo, más de 70% de los catalanes quiere que el debate se decida con un referéndum legal, según los sondeos.

Ocupan escuelas

Militantes favorables al referéndum de autodeterminación en Cataluña comenzaron este viernes por la noche a ocupar algunas de las escuelas que deben servir de colegio electoral para garantizar este escrutinio que fue prohibido por la Justicia.

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