Unión Europea impulsa reforma penal con 5 millones de euros

Capacitará a jueces, fiscales y legisladores, y apoyará reinserción de presos con planes de trabajo

Diversos organismos internacionales han condenado al Estado uruguayo por su sistema penal obsoleto y las malas condiciones de reclusión de las cárceles. En respuesta a esta problemática, la Unión Europea financia con 5 millones de euros (sin devolución) el Proyecto de apoyo a la reforma del sistema de justicia penal y a la mejora de las condiciones de vida y de reinserción socioeconómica de las personas privadas de libertad.

“El título largo del proyecto no es casual”, bromea Martín Fernández, uno de los cinco técnicos que trabaja en su implementación. El trabajo aporta una mirada integral sobre el sistema penal y las cárceles y pretende articular a los diferentes actores y organismos que trabajan en el tema, desde la Junta Nacional de Drogas, hasta la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

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El director del proyecto y coordinador general de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Gerardo Siri, explicó a El Observador que, “por un lado, se atiende la condición concreta del recluso hoy, por la que Uruguay fue observado por las condiciones deplorables, sin perjuicio de lo que se ha avanzado; y, por otro lado, a esa persona recluida hay que otorgarle una capacitación que le permita reinsertarse en la sociedad y no pasar a engrosar los índices de reincidencias que son muy altos”.

En concreto, el plan apoya e impulsa la reforma del Código Penal (CP) y el Código del Proceso Penal (CPP), a través de charlas y apoyo técnico a los legisladores, y busca preparar el terreno para implementarlo. Siri, quien fue juez durante 18 años, sostiene que “las cabezas (que trabajan en el sistema penal) todavía funcionan en un esquema de hace muchísimos años”. Para Siri, la aprobación de ambos códigos debe acompañarse de una sensibilización de los magistrados y abogados. Para ello, el mes pasado hubo talleres para jueces, fiscales y defensores en Montevideo, Tacuarembó y Salto. A su vez, el proyecto le brinda a los legisladores apoyo técnico en la materia.

“Por más norma dura y fría que vos tengas, tenés que lograr que los actores se empiecen a involucrar y a cambiar costumbres y hábitos que vienen arrastrando desde 1980, cuando se aprobó el CPP”, afirma Siri.

Agrega que “los jueces no visualizan un sistema de control del trabajo comunitario” como pena alternativa, y ello debe cambiar, desde su perspectiva. Uno de los objetivos específicos del proyecto es “reforzar la instrumentación de penas alternativas”.

Hoy hay consenso en los actores judiciales en cuanto a la necesidad de pasar del actual sistema penal inquisitivo a uno acusatorio. Si se aprueba el proyecto, el fiscal será quien se encargue de dirigir la investigación, a diferencia de que lo que sucede hoy ya que ese rol lo cumple el juez. Además, los juicios serían orales y públicos. Hoy los juicios son reservados hasta que se expide el juez.

Presidencia impulsa aprobación
El Poder Ejecutivo envió al Senado el proyecto del CPP en diciembre de 2010, pero los legisladores oficialistas postergaron su estudio. Sin embargo, a principios de año, el presidente José Mujica solicitó a la bancada oficialista que aprueben ambos códigos en el primer semestre. “Estamos impulsando desde Presidencia de manera fuerte la aprobación del nuevo CPP y del nuevo CP”, dijo a El País el secretario de la Presidencia Homero Guerrero a comienzos de año.

El presidente de la comisión de Constitución y Códigos de Diputados, Aníbal Pereyra, dijo a El Observador: “Nos planteamos aprobar el CP en el primer semestre, pero obviamente no llegamos” (ver nota relacionada).

Policlínicas para cárceles
El proyecto de cooperación, firmado en diciembre de 2010, está en la etapa de diagnóstico del sistema carcelario para conocer las necesidades concretas.

Luego de definirlas, la Unión Europea invertirá en suplir falencias y promover políticas carcelarias en educación, salud y emprendimientos laborales.

Tres de esas intervenciones ya están definidas. La Unión Europea comprará cuatro policlínicas móviles; tres se destinarán a cárceles del interior del país y una a la Colonia Berro. Además, prevé la instalación de un polo de costura en el Centro Metropolitano Femenino. El proyecto finalizará en 2015, pero en la OPP esperan que el emprendimiento productivo se mantenga.

“No puede ser que se construyan cárceles sin un proceso penal adecuado, porque si no, la cárcel se va a llenar siempre”, advierte Fernández, uno de los técnicos que trabaja en el proyecto. Agrega que la “inversión en cárceles es inversión en seguridad”.

Por su parte, Siri plantea que el proyecto apunta a una política integral en materia penal y social. “Mejorar las condiciones de reclusión, lograr una rehabilitación, esa es la mejor política en prevención y seguridad”, dice.

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