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Uno de los asesinados en Casavalle era investigado por desalojo de familias

Las autoridades continúan investigando y, hasta el momento, no hay detenidos por el hecho, pese a que ocurrió al mediodía

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02 de agosto de 2018 a las 15:00

Uno de los dos hombres que fueron asesinados este miércoles en Casavalle era investigado por la policía como sospechoso de participar en algunas de las extorsiones y desalojos a familias que viven en el complejo de viviendas de Los Palomares, informaron a El Observador fuentes policiales.

Tal como informó el fiscal de Homicidios, Juan Gómez, el doble homicidio tiene como contexto el enfrentamiento entre grupos de narcotraficantes que se disputan el control del barrio. "Tenemos la certeza de que se trató de una lucha de bandas", sostuvo Gómez al respecto.

Las víctimas, de 30 y 22 años, murieron luego de que fueran atacados por dos hombres que se acercaron en moto y les dispararon varias veces. La policía aún no detuvo a ningún sospechoso, pero Gómez confía en que contará con el aporte de testigos, dada la hora en que se produjeron los hechos: pleno mediodía.

Una fuente de la investigación sostuvo que el conflicto se produjo por la mera rivalidad entre los implicados: "Dispararon como podían haberse tomado a golpes de puño", dijo.

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El gobierno inició en esa zona un plan de intervención urbanística, demolición de viviendas de construcción irregular y realojo de las familias que allí vivían, con el objetivo de desarrollar la movilidad interna del complejo habilitacional de Los Palomares, y facilitar el acceso de la policía a un área que es territorio de enfrentamiento de, al menos, dos grupos delictivos: los Chingas y los Camala.

Producto del accionar de estos grupos, al menos 110 familias fueron desalojadas en el correr del año pasado, a fuerza de extorsión y amenazas, para utilizar sus viviendas como bases de operaciones o depósitos.

La acumulación de las denuncias por este tema motivó una investigación conjunta de la Fiscalía y una serie de operativos y allanamientos que llevó adelante el Ministerio del Interior desde diciembre de 2017 hasta abril de este año.

Sin embargo, las denuncias siguen apareciendo y siguen dándose casos de desalojos forzados.

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