El gobierno de Venezuela instituyó una extensa nómina de dirigentes opositores, analistas, periodistas y estudiantes que no son vistos con buenos ojos por la cúpula oficialista. Muchos de ellos son discriminados a diario, están presos, perseguidos, o debieron abandonar el país.
Esto en los hechos implica para Venezuela una pérdida de líderes políticos, líderes de opinión y líderes empresariales, que debieron reducir o directamente dejar de lado su militancia o actividades profesionales.
Las autoridades señalan sin vueltas que esos disidentes cometieron algún delito, que por lo general tipifican como “alteración del orden público”, “incitación a la rebelión”, o “irregularidades administrativas”.
Organizaciones en favor de los derechos humanos o la libertad de expresión advierten que la abrumadora mayoría de esas personas solo cometieron el pecado de manifestar sus opiniones o tan solo participaron en manifestaciones callejeras.
Para la mayoría de esas organizaciones, el gobierno implementó una verdadera “cacería de brujas” a todo nivel. Lo cierto es que, por ejemplo, en este momento más de quince alcaldes fueron encarcelados, inhabilitados o destituidos.
Varios de ellos debieron abandonar el país entre gallos y medianoches, a pesar de que sus respectivas sentencias lo prohibían de manera explícita.
En la actividad política, uno de los más casos más recientes es el de Ramón Muchacho, alcalde del municipio de Chacao en Caracas, quien tiene orden de captura y una condena de quince meses de prisión, por desacato en ejercicio de sus funciones al permitir el cierre de vías durante las manifestaciones contra el gobierno.
Chacao no pudo ser apresado y se desconoce su ubicación actual, aunque distintas fuentes sostienen que se encuentra en Miami.
A principios de agosto, el Tribunal Supremo de Justicia había sentenciado al alcalde del municipio El Hatillo de Caracas, David Smolansky, por negarse a levantar las protestas en contra del régimen en esa jurisdicción.
También fue condenado a 15 meses de prisión, pero está en la clandestinidad, supuestamente en algún lugar de Venezuela. Otra voz acallada, que envía tuits cada vez que puede.
Otro caso emblemático es el de la exfiscal chavista, Luisa Ortega Díaz, que acusó al gobierno de delitos de lesa humanidad y debió escapar de apuro a Colombia.
En este caso, el gobierno contraatacó y la acusó de cometer presuntas faltas graves en el ejercicio de su cargo.
La exfiscal se convirtió en un emblema de la resistencia al régimen chavista para buena parte de la población que reclama cambios institucionales y políticos.
Ortega Díaz hace campaña contra el chavismo en países como Colombia, Brasil y México. Su esposo, el exdiputado oficialista Germán Ferrer, también dejó el país por motivos políticos.
Los críticos señalan que la disidencia de Ortega Díaz y la de otros exchavistas es quizás el ingrediente más novedoso en la confrontación que divide al gobierno y la oposición.
Más atrás en el tiempo, en el año 2009, el exgobernador del Estado Zulia, Manuel Rosales, pidió asilo político a Perú ante una acusación del Ministerio Público de supuesto enriquecimiento ilícito.
El dirigente, que en su momento fue el principal adversario del ex mandatario Hugo Chávez, fue exiliado político hasta 2015, cuando regresó al país y fue detenido. El año pasado recuperó la libertad sin mayores explicaciones, junto con otros cinco presos políticos, quienes deben mantener “perfil bajo”.
Pero todavía existen unos 620 presos políticos, varios de ellos líderes estudiantiles, según el Foro Penal Venezolano.
El alcalde del municipio del Hatillo de Caracas, David Smolansky, una de las figuras jóvenes de la oposición, fue destituido recientemente también por permitir protestas antigubernamentales y, lo último que se sabe es que estaba en la clandestinidad.
Además de los políticos que se fueron del país, están quiénes sufren otro tipo hostigamiento, como el líder opositor Leopoldo López, preso desde hace más de tres años por supuestos delitos de instigación pública y asociación para delinquir, entre otros cargos, quien se negó a irse del país aun cuando se sabía que iba a ser detenido. Amnistía internacional lo considera un “preso de conciencia”.
En los últimos 17 años, desde la llegada del chavismo al poder, más de dos millones de venezolanos abandonaron país, principalmente con destino hacia EEUU y España, entre otras partes del mundo, además de Colombia, Panamá, México, entre otras naciones, según reportó el Observatorio Venezolano de Violencia.
El éxodo comenzó con el paro petrolero de 2002 y 2003, a partir del cual Chávez despidió a los directivos de la petrolera Pdvsa frente a las cámaras de televisión. Así fue desmantelada la industria.
Esa oleada migratoria dejó a Venezuela sin los principales expertos de la industria petrolera, líderes de larga experiencia y jóvenes ingenieros, que dejaron huella en Colombia, en compañías como la ya extinta Pacific Rubiales.
Más allá de los líderes políticos, la diáspora crece por los altos niveles de inseguridad (28.479 muertes violentas en el año 2016, según el Observatorio Venezolano de Violencia) y por el grave deterioro económico, con una inflación de más de 720%, según el Fondo Monetario Internacional.
En ese marco, el Foro Penal apunta a trabajar en el exterior para ayudar a aquellos venezolanos que pretendan radicarse en otros países.
“El número de venezolanos con solicitudes (de asilo político) es cada vez mayor, sobre todo en España y Chile”, dijo a El Observador el presidente de esa institución, Alfredo Romero.
En Uruguay residen casi 5.000 venezolanos
A Uruguay llegaron 4.784 venezolanos este año, atraídos por la facilidad para obtener la residencia en el país. Muchos de los emigrantes son profesionales, bien capacitados y competitivos, que ocupaban posiciones estratégicas en diferentes rubros de la actividad económica.
Hoy están dispuestos a trabajar “en lo que sea”, aunque siempre con la mira de escalar posiciones y tener la mejor calidad de vida posible.
La mayoría de los exiliados venezolanos (entre 400 mil y 450 mil) se radicó en Estados Unidos, mientras otros 300 mil lo hicieron en España.
El éxodo empezó durante el gobierno del extinto presidente Hugo Chávez y se aceleró por la crisis.
En tanto,un documento realizado por expertos locales, a pedido de la ONU, reveló que más de 5.000 personas habían sido detenidas a partir del 1o de abril, más de 1.000 de las cuales permanecían aún encarceladas el 31 de julio.
