Vivienda social: un instrumento "fantástico" que "languidece"

El experto inmobiliario Julio Villamide criticó a las autoridades competentes

La ley de Vivienda de Interés Social (VIS), sancionada en 2011, buscó que los promotores privados desarrollaran proyectos más allá de la zona costera, con el objetivo de que más familias pudieran acceder a un techo.

Unos años después, el gobierno –con el argumento de que los precios de las unidades hacían que gran parte del público no pudiera acceder a ellas– fijó un tope. Desde 2014, entonces, el 25% de los apartamentos de cada edificio tiene un techo de precio.

A juicio del director ejecutivo y socio fundador de la firma de asesoramiento inmobiliario Julio Villamide & Asociados, Julio Villamide, esta decisión tomada por el Poder Ejecutivo generó que hoy haya una "caída constante" en la creación de VIS.

"Está languideciendo, y es una pena, porque es un instrumento fantástico", dijo ayer Villamide a El Observador.

El experto inmobiliario –uno de los impulsores de la ley– participó ayer de una conferencia organizada por la Cámara de Comercio Francesa de Montevideo.

Durante su exposición Villamide dijo que admitía "la crítica de que los precios pueden ser altos". Pero, agregó, "el costo de construcción en Uruguay es el más alto de América Latina, por lo tanto tampoco (los promotores) pueden hacer milagros de vender por debajo del costo".

Asimismo, lamentó que el intercambio "de cabeza abierta" que tuvo lugar durante la confección y aprobación de la ley, cuando la titular del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) era Graciela Muslera, se acabó. Cuando Francisco Beltrame –actual presidente de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV)– la relevó, dijo Villamide, la relación con las autoridades cambió.

"Lo que no logramos es que las nuevas autoridades que están en el país terminen de poner palos en la ruda a este proceso", se quejó.

Villamide sostuvo que previo a la introducción del tope del 25% de las unidades el Mvotma consultó a los privados, quienes se opusieron, alegando que desalentaría la construcción de este tipo de proyectos. "Fracasamos con todo éxito, el tope se puso", señaló Villamide, quien añadió que según cálculos recientes realizados por los operados privados hubo un descenso de 49% en la cantidad de VIS presentadas, si se compara el periodo que va desde la entrada en vigencia de la ley (fines de 2011) hasta julio de 2014 (cuando se introdujo el tope), frente a agosto de 2014 hasta febrero de este año.

Renuncia fiscal

La renuncia fiscal que hace el Estado –factor que buscaba seducir a los promotores para que apostaran a esta modalidad– es "de una actividad que no existiría" de no haberse introducido la ley, dijo Villamide.

"Ningún promotor de Pocitos estaría construyendo hoy en el Centro o en Cordón porque en Pocitos no esté vendiendo", señaló.

También hizo mención al impacto de las VIS en el empleo, y apuntó que hoy hay más de 10.000 obreros de la construcción empleados "gracias" a esta ley, lo cual también "amortigua" el impacto sobre la tasa de desempleo en un contexto de pérdida de puestos de trabajo en la industria de la construcción.

"Esto, que parece tan claro, nos cuesta enormemente hacérselo entender a las autoridades", criticó Villamide.

Los argumentos de la ANV

En entrevista con El Observador en marzo de este año, el presidente de la ANV, Francisco Beltrame, había dicho que "la iniciativa (para bajar los precios) tiene que venir por el lado privado". El jerarca añadió que "el gobierno hizo una apuesta muy fuerte por el lado de la exoneración impositiva, que me parece que fue bien apreciada. Pero creo que en este tema de los costos fue apropiada, en el sentido de apropiarse de la diferencia".

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