Cuando en 2018 Uruguay alcanzó su récord histórico de 12 homicidios cada 100,000 habitantes, la discusión pública giró en torno a una pregunta que, en apariencia, tiene respuesta simple: ¿cuántos de esos crímenes son atribuibles al crimen organizado? La respuesta, sin embargo, no depende de los datos, depende de qué se entiende por crimen organizado.
El problema es conceptual. La literatura especializada produjo más de 200 definiciones distintas de "crimen organizado", con criterios que varían entre la estructura del grupo, el tipo de delito, la finalidad económica, el uso de violencia o corrupción, entre otros. La Convención de Palermo, el principal instrumento internacional en la materia define el concepto de forma tan amplia que ha sido criticada por ser analíticamente inutilizable. En el extremo opuesto, las definiciones más restrictivas excluyen fenómenos que cualquier observador reconocería como crimen organizado. Pedirle al sistema de justicia que cuente "homicidios de crimen organizado" es trasladar a la práctica cotidiana una discusión teórica sin resolver. En la práctica, esa decisión termina dependiendo de interpretaciones locales, presiones y criterios que cambian según el gobierno de turno.
Una salida: medir mercados, no organizaciones.
La trampa está en la pregunta, no en los datos, y las preguntas se pueden cambiar. En lugar de preguntar "¿este homicidio es de crimen organizado?", la pregunta debería ser: "¿este homicidio ocurrió en el contexto del funcionamiento del crimen organizado?". La diferencia no es retórica. La primera pregunta exige identificar al perpetrador como miembro de una organización, con todo lo que eso implica. La segunda pregunta es más modesta y honesta: ¿este homicidio ocurrió en el marco de un mercado ilegal? ¿Hubo drogas, armas, contrabando o extorsión de por medio? Eso, en muchos casos, sí es posible rastrearlo. La distinción parece sutil, pero tiene consecuencias importantes.
Esta perspectiva tiene respaldo teórico. El economista Schelling fue uno de los primeros en señalar que ciertos grupos criminales funcionan como recaudadores de impuestos en mercados donde el Estado no llega: cobran extorsión, ofrecen protección y regulan transacciones. Otros como Varese y Lessing profundizaron esa idea describiendo a los grupos criminales como sistemas que gobiernan mercados ilegales, controlan territorios, extraen rentas y regulan la violencia. Lo que define al crimen organizado, en este enfoque, no es su estructura interna sino su actividad principal, obtener más ganancias a través de los mercados ilegales.
Un mercado ilegal es, en términos simples, un espacio de intercambio voluntario de bienes o servicios cuya producción, venta o consumo viola la ley. El narcotráfico no es un mercado sino varios: cocaína, pasta base, drogas sintéticas. El tráfico de armas es un mercado. La trata de personas es un mercado. El lavado de activos y la corrupción son servicios que hacen posibles esos mercados, se entienden como mercados de servicios. Todos son observables, al menos parcialmente, en los datos administrativos que el propio Estado ya produce.
Tres pasos con los datos que existen.
El proceso lógico propuesto tiene tres pasos, y ninguno requiere construir instrumentos desde cero.
El primer paso es identificar los homicidios registrados en el sistema. En Uruguay se registran alrededor de 400 homicidios por año. El análisis trabaja con los casos esclarecidos, en 2024, cerca del 60% del total, ya que son los únicos que tienen expedientes con imputaciones asociadas que permiten avanzar al paso siguiente.
El segundo paso es ir al expediente de cada uno de esos homicidios y ver qué otros delitos aparecen imputados en la misma causa. La pregunta no es "¿quién mató?" sino "¿en qué contexto ocurrió esto?". Si junto al homicidio aparece una imputación por tráfico de drogas o tenencia ilegal de armas, esa co-ocurrencia es la señal que nos interesa.
El tercer paso es clasificar esos delitos co-imputados en una taxonomía operativa de mercados ilegales. Por ejemplo, si el expediente registra infracciones a la Ley de Estupefacientes (distribución mayorista, suministro minorista, uso de vivienda como punto de venta) el homicidio queda vinculado al mercado de drogas. Si aparece tráfico o tenencia no autorizada de armas de fuego, al mercado de armas. Si hay contrabando de mercaderías en puerto o frontera, al mercado de contrabando. Si lo que se imputa es cohecho, tráfico de influencias o lavado de activos, el vínculo es con los servicios ilícitos, y así con cada uno de los mercados. El homicidio queda entonces clasificado, no porque alguien lo haya declarado "crimen organizado", sino porque los propios datos del expediente lo ubican en ese contexto.
También es importante reconocer los límites. En Uruguay, en torno a un tercio de los homicidios no son clasificados por falta de información suficiente sobre el móvil. Esa franja de incertidumbre no desaparece con ninguna metodología honesta y cualquier cifra que no la reconozca debería generar desconfianza.
Por qué importa la diferencia.
La distinción entre "homicidio de crimen organizado" y "homicidio relacionado al funcionamiento del crimen organizado" puede parecer burocrática. No lo es.
La primera categoría es una afirmación sobre la naturaleza de quien mató. Supone que podemos identificar al perpetrador como miembro de una organización criminal, esto es, un grupo que perdura en el tiempo, opera con alguna forma de jerarquía o división de roles, busca activamente corromper instituciones y tiene procesos reconocibles de reclutamiento y afiliación, entre otras consideraciones. En Uruguay, donde las estructuras del delito son fragmentadas, fluidas y a menudo más parecidas a redes informales que a organizaciones estables, cumplir con ese estándar es, por decir poco, difícil. La segunda es una afirmación sobre el contexto en que ocurrió la muerte: no sobre quién mató, sino en qué marco funcionó ese crimen. Eso sí es observable en los registros del sistema de justicia.
Uruguay no necesita esperar una definición teórica consensuada para empezar a medir mejor. Los datos existen, la taxonomía es construible, y la metodología es replicable año a año. Lo que falta no son más datos, es la decisión de hacer mejores preguntas.
