El Banco Mundial acaba de aprobar US$ 300 millones para respaldar reformas vinculadas con competitividad, inversión y empleo. El Grupo BID, por su parte, amplió su apoyo a Uruguay a US$ 5.000 millones durante 2026–2030, combinando financiamiento público, apoyo al sector privado y cooperación técnica. Son instrumentos y compromisos diferentes, pero expresan una confianza que el país ha construido durante décadas.
Esa confianza abre una oportunidad y plantea una exigencia. El desafío uruguayo consiste en preparar suficientes proyectos transformadores, ejecutables y políticamente sostenibles para utilizarlo bien.
Ganar una elección es un arte. Gobernar es otro: convertir respaldo político, capacidades técnicas y recursos en resultados que mejoren la vida de las personas. Evitar crisis es indispensable. También lo es dejar un país capaz de hacer cosas que antes no podía.
En su reciente intervención en Montevideo, Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, planteó precisamente el desafío de convertir la credibilidad de Uruguay en crecimiento y mejores empleos. Y dejó una formulación especialmente valiosa: “Consenso sobre el destino; debate sobre el camino”.
Allí hay una agenda posible. Infraestructura que reduzca costos. Vivienda que incorpore tecnología y acorte los tiempos de construcción. Seguridad con mejores capacidades de prevención e investigación. Logística que conecte producción y mercados. Tecnología que eleve la productividad de empresas y servicios públicos.
La audacia empieza mucho antes de inaugurar una obra. Empieza cuando alguien asume la responsabilidad de destrabarla. Cuando organismos que trabajan por separado acuerdan un procedimiento. Cuando una decisión deja de circular indefinidamente entre escritorios.
El mundo no espera a que terminemos de discutir. Un permiso que llega tarde puede encontrar una inversión que ya eligió otro destino. Detrás de cada demora hay recursos inmovilizados, oportunidades que vencen y personas que siguen esperando. La calidad de un gobierno también se mide por su capacidad de responder a tiempo.
Esa disposición a actuar puede incluir la recuperación de capacidades productivas estratégicas. En agosto de 2025, Estados Unidos acordó invertir US$ 8.900 millones a cambio de una participación del 9,9% en Intel. La operación muestra cómo un país puede movilizar herramientas públicas frente a un desafío tecnológico. Sus resultados deberán evaluarse, pero merece estudiarse sin prejuicios.
Uruguay debe encontrar sus propios instrumentos. El BROU, desde su función de fomento, puede formar parte de una discusión sobre cómo acompañar empresas viables en dificultades y modernizar sectores. Eso requiere capital privado comprometido, gestión profesional, innovación y objetivos verificables. Preservar una capacidad productiva puede exigir transformar profundamente la empresa que la sostiene.
Nada de esto se consigue en soledad. Construir consensos supone reconocer intereses distintos, negociar y asumir costos. El acuerdo adquiere sentido cuando permite decidir y sostener lo decidido, incluso más allá de un período de gobierno.
También exige reconocer los buenos ejemplos, cualquiera sea su origen político. Continuar un acierto ajeno debería ser una expresión de madurez. Tenemos demasiadas tareas pendientes como para empezar de cero cada cinco años.
Podríamos comenzar por elegir unas pocas transformaciones prioritarias y darles equipos, recursos, plazos públicos y seguimiento. Hacer de su cumplimiento una responsabilidad compartida. Lo estamos haciendo en Inteligencia Artificial.
El país que podemos atrevernos a ser necesita esa ambición. Tenemos credibilidad para que otros confíen en nosotros. Ahora debemos convertirla en razones para confiar más en nuestra propia capacidad de hacer.