La observación nace de una queja que la Cámara de Comercio y la Cámara de Industrias presentaron ante la OIT en 2009 cuando se aprobó la Ley de Negociación Colectiva.
Esta semana, en el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, la OIT incluyó a nuestro país en la “lista negra” de países que violan la normativa laboral internacional.
Esta grave situación que no se comparece con la trayectoria e imagen internacional de nuestro país, que se ha destacado por el impulso permanente a normas laborales y el respeto a los derechos de los actores sociales, es resultado de una grave omisión del Gobierno actual que podría haber evitado este problema, agravado por el hecho de que, justamente, el Ministro de Trabajo de nuestro país presidió esa Conferencia en la que, paradójicamente, Uruguay fue incluido entre los países que transgreden las normas laborales.
La observación nace de una queja que la Cámara de Comercio y la Cámara de Industrias presentaron ante la OIT en 2009 cuando se aprobó la Ley de Negociación Colectiva.
En aquel momento la observación se debió a que esa norma, aprobada durante el primer gobierno del Frente Amplio, no respetaba la normativa internacional de la OIT sobre el alcance de la negociación tripartita, estableciendo una participación del Estado que sobrepasaba los límites establecidos por el organismo internacional, además de otros aspectos como la “ultractividad” de los acuerdos y la centralización de la representación de las partes lo que asignaba un gran poder a las organizaciones sociales por encima de los trabajadores de cada empresa o sector.
La queja presentada por las organizaciones empresariales fue acogida por la Conferencia Internacional de OIT en 2019 y determinó que en aquel momento nuestro país fuera incluido en esa denigrante “lista negra”. Era el final del tercer gobierno del Frente Amplio, e igual que ahora, se le reclamó que corrigiera la normativa para adecuarla a la regla internacional establecida por ese organismo de Naciones Unidas.
El Gobierno de Coalición heredó esa situación y trabajamos de inmediato para devolver al país al lugar que se merecía.
En tal sentido se realizó una intensa tarea de diálogo y negociación con las Cámaras Empresariales, impulsoras de la queja ante la OIT, con el PIT-CNT y con la Comisión de Normas de OIT a nivel internacional.
En paralelo se modificó la Ley de Negociación Colectiva vigente en nuestro país, no sin mantener un fuerte y arduo debate con el Frente Amplio y el PIT-CNT, que se oponían a las modificaciones propuestas.
La nueva normativa resolvió la mayor parte de los contenidos que habían sido objeto de observación por el organismo internacional, pero quedó pendiente el punto referido a la participación del Estado en la negociación de las condiciones de trabajo. En aquel momento se asumió que el Estado uruguayo continuaría avanzando para ajustar la situación.
Es así que, en ese contexto, la OIT suspendió la inclusión de nuestro país en la mencionada lista negra y, de hecho, durante todo el período de gobierno anterior evitamos esa situación.
Sin embargo, nos enteramos esta semana que la OIT vuelve a reclamar al Estado uruguayo que cumpla con el Convenio Internacional de Trabajo 98 y corrija la situación vigente, por lo que volvemos a estar en el grupo que integran la lista negra.
Desde el actual Gobierno se ha salido a cuestionar la postura de la OIT diciendo que no es justo que Uruguay esté señalado como incumplidor junto a otros países en los que los incumplimientos de las normas laborales son, ciertamente terribles. No hay duda de que efectivamente nuestro país es bien diferente de muchos de los países que aparecen en la mencionada “lista negra”, sin embargo, no se gana nada con una postura de enojo o de rezongo a la OIT.
Hay que asumir la situación y avanzar en la búsqueda de la solución. El problema es que las actuales autoridades están en contra de la normativa internacional y no quieren corregir nuestro orden jurídico nacional. El debate mantenido en el período de gobierno anterior, cuando corregimos casi todas las observaciones señaladas fue una muestra de que, para el Frente Amplio, las normas de OIT son válidas y muy destacadas cuando están en coincidencia con sus posturas, pero no parecen estar dispuestos a acatarlas cuando no las comparten.
Pero, lo más preocupante es que, como en otros aspectos, el gobierno se dejó estar y no mantuvo una posición proactiva con los actores sociales en nuestro país y particularmente con las instancias internacionales de la OIT.
Sabemos, por experiencia propia, que es necesario actuar muy proactivamente en las reuniones previas a la Conferencia Internacional y avanzar con propuestas de modificación de la normativa para evitar terminar como nuevamente ocurrió.
En síntesis, nuestro país tiene que corregir la Ley de Negociación Colectiva, la OIT le reclamó que avance en su solución en un plazo muy breve, obviamente porque se trata de una situación que ya lleva mucho tiempo sin resolverse.
Sería bueno, entonces, por el bien del país y de su imagen internacional, que, en lugar de enojarse y rezongar, se pongan a trabajar en la redacción de una normativa que resuelva lo que ha quedado pendiente para ajustarse a las reglas internacionales, a efectos de evitarnos un nuevo papelón.
